José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
A 98 años de la Constitución de 1917
Viernes 6 de Febrero de 2015
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La Constitución fue creada por la cultura griega, sin embargo la concepción moderna surge con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo artículo 16 establece: toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. De ahí que se trata de un documento que establece las normas rectoras del Estado de Derecho.
En nuestro país hablando de la norma fundamental como también se le conoce a la Constitución, encontramos que el primer documento legal lo constituyó la Constitución de Apatzingán cuyo nombre fue Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, decreto que se encuentra inspirado en los Sentimientos de la Nación del Generalísimo José María Morelos y Pavón; promulgado en Apatzingán, Michoacán, el 22 de octubre de 1814, pese a lo anterior la misma nunca entró en vigor, pero ha sido inspiración perene de nuestro constitucionalismo.
Diez años después nace la primera Constitución formalmente, es decir el 4 de octubre de 1824, denominado Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la que estableció una república representativa, popular y federal, por tanto dividida en estados libres y soberanos; instaurándose la división de poderes y el Congreso en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores.
La siguiente legislación que tuvo vigencia en la América Libre de México fue la denominada Siete Leyes Constitucionales de 1835-1836, la que suprime al sistema federado e instaura un gobierno centralista, en la que los estados se transforman en departamentos subordinados al gobierno central en esta legislación ya se habla de los derechos “de los mexicanos y habitantes de la República”, mismos que son el antecedente más remoto de los actuales derechos fundamentales.
En junio de 1843 se publicaron las Bases de Organización en las que se ratificó el centralismo; pero en 1847, se regresó al sistema federal, mediante la restitución de la Constitución de 1824. En 1856 fue promulgado el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, que sirvió de base para un nuevo Constituyente, mismo que expidió la Constitución Política de la República Mexicana en 1857 de corte liberal.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz se incrementaron la pobreza y la explotación, lo cual provocaría que el 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero proclamara el Plan de San Luís, bajo el principio de “sufragio efectivo, no reelección” y con ello, el llamado al pueblo de México a alzarse en armas, comenzando la Revolución Mexicana, la que culminó formalmente el 5 de febrero de 1917, al promulgar en la ciudad de Querétaro, la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza. Ordenamiento que constituye nuestra ley suprema y da fundamento a las leyes vigentes de nuestro país, desde hace 98 años.
Con motivo de la efeméride resulta pertinente destacar una serie de consideración de nuestra ley fundamental, como la aportación al mundo del derecho en una tercera rama creándose con ello el derecho social -del trabajo, agrario y de la seguridad social- de tal manera que a partir de esa fecha además del derecho público y privado existe el social.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un documento con tendencia a la obesidad jurídica, en efecto la norma fundamental contiene en un gran número de artículos disposiciones que deberían formar parte de las normas secundarias, es decir leyes federales, pues son las que se encargan de regular el contenido de los artículos constitucionales, sin embargo ello no sucede así y se incorpora en el texto constitucional y se impone la pregunta pero ¿Por qué sucede esa deficiencia de técnica legislativa? y la respuesta se encuentra en el ADN de los mexicanos, con una gran tendencia hacia la corrupción y por tanto violadores de nuestras leyes, de ahí que se hace necesario incorporar en el texto de la norma rectora una serie de disposiciones para obligarnos a promover inconstitucionalidades y con ello enmendar los abusos de la clase política, del avasallamiento de la iniciativa privada para con el débil en todas sus formas de relación y sólo ante una actitud contraria a la Constitución, es que al hacerse valer la supremacía de esta para destruir esos abusos.
Este es un problema que surge con la Constitución misma ya que en la primera lectura del artículo 4° el que se refería al derecho del trabajo, mismo que a decir de los constituyentes obreros no estaban suficientemente reguladas las relaciones laborales, por lo que se retiró en la fecha que estaba programado para su discusión y aprobación, y a petición de los diputados interesados en el tema, retiraron el estudio de dicho artículo, para analizarlo entre ellos y hacer una mejor propuesta y fue así que presentaron una regulación mucho más amplia de cómo había llegado suscitándose la discusión respecto a la gran cantidad de contenidos los que para algunos era excesiva y muchas de las cuestiones ahí plasmadas eran materia de una ley secundaria, logrando imponerse los diputados obreros al aprobar en el artículo 123 todo lo derivado de la relación de trabajo, el cual efectivamente era extenso pero los diputados del trabajo, consideraron que debía aprobarse como lo proponían para una mayor garantía de respeto.
Este fenómeno se ha repetido en varias ocasiones ya que los grupos sociales conociendo la idiosincrasia de nuestro pueblo, hacen todo lo necesario para que quede plasmado el derecho de que se trata en el artículo o artículos constitucionales con el propósito de garantizar su respeto o en todo caso por el rango de la norma ser susceptible de combatir su violación y de alguna manera asegurar el echar abajo un acto que viola la Constitución, aunque en ello deje de ser la Carta Magna una norma esencial para convertirse también en una ley que en el mismo texto reglamenta.
Sucedió lo mismo con los Acuerdos de Paz de San Andrés Larráinzar, es por eso que hoy encontramos en el artículo 2° todo lo relativo a los pueblos indígenas; también este fenómeno de la abundancia de texto jurídico la encontramos en la Reforma Constitucional Penal, la que se contiene en once artículos como son el 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123.
Finalmente me opongo a esas voces que desde 1917 hablan de la necesidad de una nueva Constitución o de los que se quejan por la gran cantidad de reformas; a lo que estamos obligados todos los mexicanos es a respetar y hacer respetar la Constitución vigente, porque no tenemos otra, porque nos da la pauta para una convivencia armónica, porque respetarla es respetarnos a nosotros mismos, porque nuestra Constitución no tiene las deficiencias que le atribuyen los agoreros del mal, porque si bien es cierto en algunos países el Estado ha utilizado al derecho – Constitución- para perpetuarse en el poder o para infligir castigo al pueblo, no es ese, el caso de nuestra Constitución, ya que fue el resultado de una revolución social, con representantes genuinos y el producto que el Constituyente nos entregó en la Carta Magna, es producto de su tiempo y en cuanto derecho, perfectible, de ahí las reformas.

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