José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La jurisdicción
Viernes 9 de Enero de 2015
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En la concepción actual de poder, sabemos que éste es uno solo y se divide en tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial, las que constituyen entre sí una relación de pesos y contrapesos a efecto de frenar entre ellos los abusos que pudieran anular a uno u otro, evitando con ello la concentración de poder en una persona o grupo de personas y el abuzo o la extralimitación, por tanto el poder contiene al poder, cabe aclarar que cada una de las funciones realiza actividades específicas, las que en su conjunto proporcionan al ciudadano los bienes y servicios necesarios para su realización como seres humanos.
No obstante la precisión del párrafo anterior, se sigue utilizando la expresión “división de poderes”, para identificar a cada una de las funciones de éste, y así tenemos que, el Poder Legislativo depositado en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, compuesto actualmente por 40 diputados, los que como función primordial elaboran leyes que permiten la armonía social o derogan las existentes con el mismo propósito, el Poder Ejecutivo, depositado en un solo individuo que se denomina gobernador del estado, el que implementa las políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos, y el Poder Judicial, depositado en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo del Poder Judicial, en los juzgados de primera instancia, en los menores de materia civil, en los comunales, en los de justicia penal para adolescentes y en los de ejecución de sanciones penales, es el que castiga y juzga las diferencias entre particulares en caso de controversia, es decir aplica las normas a los casos concretos.
A esto último, es decir a administrar justica, es a lo que se le llama jurisdicción, ya que se trata del conjunto de atribuciones que tiene el Estado para ejercerlas, por conducto de alguno de sus órganos o por medio de árbitros, con aplicación de normas jurídicas generales e individualizadas, a los diversos actos y hechos que se susciten con motivo del planteamiento de posiciones concretas en controversia (Arellano García, 1997), sostiene el mismo autor que la jurisdicción, contiene varios elementos que la caracterizan: a) Constituye un atributo que implica potestad, imperio, poder. Ello quiere decir que, quien posee la jurisdicción tiene una prerrogativa de imponer su voluntad sobre otros; b) El referido atributo se confiere al Estado o sea a la persona jurídica que es el resultado de la organización jurídica de un conglomerado humano, bajo un determinado gobierno en un cierto territorio; c) El Estado, quien tiene múltiples atribuciones tendientes a la satisfacción de las necesidades colectivas, actúa a través de órganos que son centros de atribuciones, o facultades y deberes. En el caso de la jurisdicción los órganos a través de los que actúa el Estado son los jueces o los árbitros; d) La actuación de los jueces o árbitros, en representación del Estado, consistirá en decidir una cuestión en la que los interesados, que acuden ante el juzgador, pretenden que se les haga justicia, que se les dé a cada quien lo que le corresponde al criterio del juez, a su vez sujeto a normas jurídicas. Pretenden que se les diga el derecho, que se les resuelva la situación de contradicción, de antagonismo, en que se encuentran.
Es decir que la jurisdicción es una función soberana del Estado, sólo él la ejercita y de ahí su carácter predominante. Es la restricción de la defensa privada impuesta, entre otros motivos, por razones de necesidad social, para mantener la paz entre los hombres y asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico pre-establecido y que trae como lógica consecuencia que el Estado asume el ejercicio de la jurisdicción. Se traduce ésta entonces en la tutela de los derechos subjetivos públicos y privados.
Pero el aplicar el derecho al caso concreto, no pasa sólo por referirse a la norma a utilizar en el asunto en particular, ya que hoy día en términos del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, obliga a los juzgadores a interpretar las leyes -se refiere a todos los ordenamientos- y con ello ha dejado de ser el juzgador la boca de la ley, por lo que se abandona la teoría de ajustarse sólo a la letra de la ley para ahora obligar a los impartidores de justicia a hacer un ejercicio intelectual que les permita tratar de desentrañar lo que quiso decir el legislador, procurar encontrar la opinión del académico o el sentido técnico que contenga la misma, también obliga a realizar una interpretación armónica de acuerdo con la parte teórica del tema o con la figura procesal de que se trate y con ello una interpretación sistematizada, en consecuencia si la literalidad de la norma no contiene la voluntad del legislador, se deben hacer evolucionar esas palabras para con ello interpretar en su sentido más amplio a la misma (Artículo 1° de la Constitución Federal).
Otra de las dificultades de la jurisdicción son los conflictos en cuanto a su ejercicio, ya que como venimos sosteniendo sólo al Poder Judicial le está encomendado aplicar el derecho a partir de solucionar problemas cuando se da una controversia entre particulares, pero también los otros dos poderes en el cumplimiento de sus actividades eventualmente pueden realizar funciones jurisdiccionales, el Ejecutivo cuando sanciona diferencias a partir de normas que se da para esos casos específicos, igual que lo hace el Poder Legislativo, el que excepcionalmente se ve obligado a solucionar conflictos, no obstante que esa no es su actividad principal.
En efecto funciones cuasi jurisdiccionales tenemos en el Ejecutivo cuando tiene a su cargo las juntas de conciliación y arbitraje, lugar en donde se resuelven los conflictos laborales. De la misma manera encontramos funciones jurisdiccionales en el Ejecutivo, al tener bajo su potestad a los tribunales agrarios, los que al no estar en el Poder Judicial forman parte de las actividades de la función ejecutiva, pero resuelven conflictos agrarios en esos juzgados de ahí sus funciones jurisdiccionales.
Del mismo modo el Poder legislativo ejerce función jurisdiccional, en sus procedimientos administrativos sancionadores a su personal con motivo de falta de observancia a disposiciones de ética profesional, y con ello da lugar a pronunciamientos cual si fuera juzgador, aunque los mismos sólo culminen con una sanción administrativa, a la que no se le debe llamar sentencia, pero que está precedida de trámite de índole jurisdiccional.
Y sin duda el procedimiento sancionador en materia legislativa, más emblemático es el desafuero de un diputado, mismo en el que el representante popular tiene la posibilidad de hacer una defensa y ofrecer pruebas para desvirtuar el motivo por el que se le acusa, procedimiento que culmina con una resolución, la que sin ser una sentencia, pero es formal y materialmente una determinación, en la que, la gran comisión, al pronunciarse técnicamente cumple una función jurisdiccional.
Mención aparte merece la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ser uno de los cinco órganos autónomos con que cuenta el máximo ordenamiento en el estado, sin embargo sus recomendaciones, las que si bien es cierto no tienen fuerza de sentencia, pero sí se pronuncian sobre el derecho y dirimen una controversia -de derechos humanos- entre un particular, llamado quejoso y una autoridad que pertenece al Ejecutivo y se le acusa de violar derechos fundamentales, de manera tal que su procedimiento es jurisdiccional con lo que da lugar a un conflicto de jurisdicción, cuando menos técnicamente.
De los cuatro organismos autónomos restantes a que se refiere la Constitución del Estado, dos llevan en la impronta -marca- en su denominación [el] Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral del Estado], los que realizan funciones de naturaleza jurisdiccional, aunque no estén dentro del Poder Judicial y los otros dos si bien es cierto tienen como actividad primera: garantizar el acceso a la información en el caso del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero si ésta no es hecha del conocimiento del solicitante, el peticionario de la información tiene una vía jurisdiccional expedita para obligar a la unidad burocrática a proporcionarla y el Instituto Electoral de Michoacán, el que también tiene como actividad primera organizar el proceso electoral y la jornada respectiva y la entrega de las constancias; pero todas las infracciones a la Ley Electoral durante las etapas de referencia, son conocidas jurisdiccionalmente y resueltas por el instituto.

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