Ismael Acosta García
¡Que revisen los cuarteles!
Sábado 6 de Diciembre de 2014
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Ha venido tomando fuerza la idea nada descabellada de que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa bien pudieran estar secuestrados en alguno de los cuarteles del Ejército Mexicano. Y esta sospecha tiene como soporte toda una temible lista de calamidades que justifica pensar de esa manera.
En nuestra niñez había tres instituciones que gozaban de la confianza plena de la sociedad mexicana, eran la Presidencia de la República, la Iglesia y el Ejército Mexicano. Desde los hogares se enseñaba a respetarlas, a creer en ellas y a multiplicar su culto como verdaderas insignias de nuestra mexicanidad. El Ejército, concretamente, tenía dedicado un día de nuestro calendario para homenajearlo, era el famoso Día del Soldado. Se invitaba a los militares para que acudieran a las escuelas, donde se preparaba un desayuno, una comida, lo que fuera, y se cantaba y declamaban poesías que no sólo estaban insertas en los libros de texto gratuitos, sino que maestros y padres de familia se prodigaban en enseñar a los alumnos. Este fenómeno de identidad se percibía más acentuadamente entre los niños que vivíamos en las ciudades fronterizas del norte del país, sobre todo por el deseo persistente y expresivo de hacer valer la sentencia de la canción que decía: “Yo soy mexicano de acá, de este lado…”. Mi abuelo paterno era un oficial revolucionario egresado del Heroico Colegio Militar.
Ese tipo de conciencia social, también llamado “imaginario colectivo”, es todo un fenómeno que proviene del ámbito de la disciplina sociológica. “Una sociedad se instituye en un mundo de significaciones cuya realidad misma se explica al través de la legitimización, integración y consenso del ente con la sociedad”, (Colombo, 1993) ; tal es el proceso como las instituciones se construyen y “tienen sentido en la realidad social”, (Castoriadis, 1997) . Es entonces que, cuando esas “instituciones” pierden su legitimidad y dejan de estar plenamente integradas al entramado social o pierden su consenso en éste, por sí solas dejan de existir y se convierten en figuras ajenas al interes social y, por tanto, al imaginario colectivo.
Las tres instituciones a que me refiero hoy por diversas causas han caído estrepitosamente del imaginario colectivo. La institución presidencial, personificada por el nimio e imberbe Enrique Peña Nieto (características que lo hacen ser más peligroso) el chico de la casa blanca, está totalmente deslegitimizada, no sólo por el fraudulento proceso electoral que le llevó al poder, sino por su abyecta conducta que como gobernante ha puesto en riesgo la propia soberanía de la nación. La Iglesia, en su caso, ha perdido la devoción que por ella se tenía, su alianza con los grupos de poder económico y político le han alejado de las demandas más sentidas de la sociedad, y los grandes escándalos financieros y de abuso sexual en que se ha visto envuelta buena parte de sus sacerdotes y ministros no hacen más que evidenciar que dicha institución está más corrompida que nunca y, por lo tanto, diametralmente alejada de la verdadera doctrina liberadora del Cristo. Que quede claro: estoy hablando de las iglesias, no de las religiones, que mucho respeto me merecen, sobre todo por las personas que en ellas creen.

La institución militar.

Nada que se le parezca en valores el actual Ejército Mexicano a aquel que motivó la exitante frase del 5 de mayo de 1862: “Las armas mexicanas se han cubierto de gloria”; esa gloria y heroísmo que inchaba de emoción el pecho del general Zaragoza hoy ha sido llevada a la ignominia por la propia conducta de sus efectivos. Desde el periodo presidencial de López Mateos, pasando por toda la cauda vil de los presidentes priistas y panistas de este país, han servido como brazo ejecutor de las represiones más funestas de que da cuenta la historia reciente en contra de la sociedad civil, de los líderes sociales, de los médicos, de los ferrocarrileros, de los maestros, y con saña verdaderamente inaudita contra los estudiantes universitarios, politécnicos y normalistas de todo el territorio nacional. Sus más grandes hazañas, con las que ahora “se han cubierto de gloria”, son el asesinato de Rubén Jaramillo, su mujer Epifania (en avanzado estado de embarazo) y sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo, ejecutado por 60 soldados gorilas el 23 de mayo de 1962, el genocidio del 2 de octubre de 1968, la matanza del Jueves de Corpus del 1971, el asesinato de estudiantes de Guadalajara que fueron lanzados vivos al Lago de Chapala por la Fuerza Aérea a finales de 1970, el asesinato y desaparición debidamente documentados de más de cuatro mil 500 personas durante la guerra sucia de los años 60 y 70, donde intervinieron elementos del Ejército Mexicano, y cientos, quizá miles de acciones que dan cuanta de su vergonzante “heroísmo”. Mención aparte merece lo sucedido en el tétrico Campo Militar número 1, de la Ciudad de México, sitio donde históricamente se han llevado a cabo los casos más graves de tortura, desapariciones y asesinatos de jóvenes mexicanos. Quienes ahí estuvieron no fueron nunca sujetos a ningún proceso penal. Fueron lo que hoy se tipifica como víctimas de desaparición forzada. Los michoacanos tenemos experiencias muy cercanas de compañeros y familiares como Fabricio Gómez Souza, Ángel Bravo Cisneros, Felipe Peñaloza García, Ramón Cardona Medel, José Luis González Carrillo y Fernando Pineda Ochoa, entre otros, que allí vivieron los días, semanas y meses más dramáticos de su existencia. Luego en el Palacio Negro de Lecumberri.
Pues bien, esa antaño amadísima institución castrense, quizá llevada por las circunstancias de gobierno a ejercer funciones que no le son dadas por el texto constitucional, ha caído al cieno más infame y consecuentemente al descrédito total. Es frecuente que sus elementos se vean involucrados en crímenes de lesa humanidad, pues si atendemos al Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte o Tribunal Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998, “los crímenes de lesa humanidad son aquellas conductas y acciones tipificadas como asesinato, deportación, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución con motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro, desaparición forzada o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause severos daños tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad” . Como podemos ver, no nos inventamos nada, estas son las conductas que el Ejército Mexicano actual ejerce contra la sociedad civil, contra quienes disienten de las políticas oprobiosas de Enrique Peña Nieto, contra quienes demandan actos de verdadera justicia en lugar de las corruptelas de gobiernos que han perdido su legitimidad, integración y consenso con el pueblo de México.
Por estas razones es que exigimos que la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa llegue hasta los cuarteles del “glorioso” Ejército Mexicano, porque ya no creemos en el Estado mexicano. Porque los plañideros discursos del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, como el que dijo el lunes 10 de noviembre en Monterrey, donde afirmó: ‘‘Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece’’, ya no se los creé nadie, porque todos sabemos que siete de sus militares acribillaron y dieron muerte a 22 jóvenes en Tlatlaya, tres de ellos menores de edad, incluida una chica de quince años, y porque su complicidad con las organizaciones del crimen organizado son tan evidentes como el no haber impedido la masacre de Iguala cuando su destacamento militar está ubicado a unos metros del sitio inicial de la matanza. Alguna razón había de tener el Estado mexicano para negarse a autorizar la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Pero una cosa ha quedado perfectamente clara: la represión que ejerce el poder político con la pretensión de castigar con violencia la disensión respecto al mismo y que supone, en general, la negación de los derechos civiles y la libertad política, ya no intimida a nadie, menos ahora que Peña Nieto se ha salido de sus casillas con la pretendida iniciativa de ley para regular la protesta social.
¡Que abran los cuarteles para buscar a los 43 desaparecidos!
¡Enrique Peña Nieto, tú no eres Ayotzinapa, tú eres un miserable Atlacomulco!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Es cuánto.

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