José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo
Sábado 1 de Noviembre de 2014
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En el año de 1980, el Ejecutivo envió a la LXI Legislatura local una iniciativa de reforma al artículo 67 de la Constitución del Estado, mediante la cual proponía se legislara sobre un tribunal de lo contencioso administrativo, iniciativa de ley que fue aprobada en la siguiente Legislatura LXII, decreto que fue publicado en el Periódico Oficial en enero de 1981, bajo los siguientes aspectos: a) Las leyes estatales podrían establecer tribunales de lo contencioso–administrativo; b) Estarían dotados de plena autonomía para dictar sus resoluciones; c) Dirimirían controversias suscitadas entre la administración pública estatal o municipal y los particulares; d) Establecía un recurso de revisión; y, e) Este recurso procedería ante el Supremo Tribunal de Justicia contra las resoluciones definitivas; con lo anterior se sentaban las bases constitucionales para que funcionaran en el Estado tribunales de lo contencioso-administrativo (Jorge Orozco Flores 1989), pese a lo anterior no se crearon los tribunales.
Es con la reforma constitucional federal al artículo 116, en 1987, que se le otorgan facultades a los estados de la Federación, para legislar en materia de controversias entre la administración pública y los particulares, con lo que se legitima a los estados para instituir tribunales de lo Contencioso-Administrativo, estableciendo normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; razón por la que el Congreso del Estado votó la reforma de ley mediante la que se adecuaba nuestra Constitución a la Federal en el año de 1988, por tanto desde ese año se estaba en posibilidad de crear el tribunal y su ley.
Sin embargo tuvieron que pasar 20 años, para que funcionara en el estado de Michoacán el Tribunal de Justicia Administrativa (Artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo), ya que fue en enero del año 2008 que comenzó sus labores, precedido de su decreto de creación que lo fue en sesión del Congreso el 21 de diciembre del año 2006, además de la aprobación de su código, igualmente por la representación popular publicado el 23 de agosto del año 2007 y el 27 de ese mismo mes y año fueron electos los tres magistrados (Sergio Flores Navarro, Arturo Bucio Ibarra y María del Carmen González Vélez Aldana), los que actualmente se encuentran en funciones.

El Código

Primeramente resulta pertinente señalar que el Código de la materia contiene, como muchos ordenamientos jurídicos, en un mismo documento la parte sustantiva de la materia -derechos y obligaciones, facultades y deberes- y la procedimental de la misma; de ahí que el Código en su libro segundo se refiera al acto administrativo -es la manifestación unilateral de voluntad externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas, en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto, crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta Artículo 6°- y en el libro siguiente al procedimiento administrativo -es el cauce legal que los órganos de la administración pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir los actos administrativos (López-Nieto y Mayo, citado por Mayra Dinora Padilla Camacho 2008)- y ambos son la parte sustantiva, es decir el ejercicio de la administración pública y en los libros restantes se ocupa de la parte adjetiva -atiende los conflictos acerca de la interpretación y el cumplimiento de las normas (derecho procesal)-, señalando en el libro cuarto qué es el tribunal, cuáles son sus funciones, su competencia, la integración de su Sala Colegiada, que es la que resuelve las impugnaciones, las atribuciones del presidente y de los magistrados, así como de los servidores públicos del Tribunal y el servicio civil de carrera de sus empleados, la forma de ingresos de este personal al servicio laboral, la que refiere es como empleados de confianza y las responsabilidades de los mismos.
Y el libro quinto habla de la jurisdicción contenciosa administrativa o justicia administrativa y fiscal (Arturo Bucio Ibarra 2014), es decir, de las controversias derivadas de los actos de gobierno, que afectan la esfera jurídica de los particulares por la administración pública en su ejercicio; la función jurisdiccional, que posibilita al ciudadano para acudir al Tribunal con el propósito de anular el acto o procedimiento de autoridad por acción o por omisión; por lo tanto se refiere a la demanda, la suspensión, la contestación, las pruebas, los incidentes, la sentencia y su ejecución, los recursos y la forma como se integran los criterios jurisprudenciales de la materia.

El Tribunal

El Tribunal es un órgano autónomo de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en el territorio del Estado. Tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades administrativas y fiscales y los particulares, contará además con: Un secretario general de Acuerdos, secretarios de Estudio y Cuenta, actuarios, contralor interno, secretario administrativo, defensores jurídicos; y el personal que requiera para su funcionamiento; el Tribunal funcionará con una Sala Colegiada integrada por tres magistrados, con presidencia rotativa de un año, que lo será del Tribunal todo y de la Sala.
El órgano jurisdiccional será competente para conocer y resolver en forma definitiva de las controversias que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas, dictadas, ordenadas, y ejecutadas o que se pretenda ejecutar, según corresponda, por el Poder Ejecutivo, por los ayuntamientos, por los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales: Que determinen la existencia de una obligación fiscal, nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por las leyes fiscales indebidamente percibidos por el Estado o los municipios; o cuando se niegue por las mismas autoridades la devolución de un saldo a favor del contribuyente; que sean dictados en el procedimiento administrativo de ejecución; además, tendrá competencia para: Conocer y resolver los juicios que promuevan las autoridades estatales o municipales o los titulares de sus entidades paraestatales o municipales, para que sean declaradas nulas las resoluciones administrativas o fiscales dictadas por ellas mismas, favorables a los particulares; para conocer y resolver de los recursos de aclaración y reconsideración que se promuevan conforme a lo dispuesto por el Código; para conocer de los juicios en contra de los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal; y, para conocer de juicios de pago de daños y perjuicios derivado de actos o resoluciones consumados de manera irreparable en perjuicio del particular por las autoridades administrativas.
La demanda ante el Tribunal debe presentarse en los 45 días posteriores al conocimiento del acto impugnado, la que deberá contener además de los requisitos formales y legales un capítulo de pruebas y copias de traslado, la autoridad jurisdiccional al recibir el escrito inicial, lo estudiará para pronunciarse sobre la pertinencia a trámite o no, analizando inicialmente lo relativo a las improcedencias, enseguida atenderá la suspensión del acto impugnado; admitida la demanda se correrá traslado al demandado y contestada que fuere o no señalará fecha para la audiencia del juicio en la que dictara la sentencia.

Juicio administrativo

Derivado de su competencia y por su naturaleza - contener los actos fuera de legalidad y de constitucionalidad de la administración pública-, el diseño legislativo contiene en su artículo 240 la suspensión del acto impugnado, para mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie la sentencia; además de un capítulo que trata las improcedencias -para repeler los juicios innecesarios o que sólo pretenden transitar por la jurisdicción para ganar tiempo frente a la administración pública-, participación de la autoridad responsable dentro del juicio -para sostener el acto reclamado- a través de la contestación de la demanda, la intervención de terceros, así como una sola audiencia antes de resolver; el juicio administrativo es un amparo en contra de la administración pública.
En efecto, el juicio administrativo es equiparable a un juicio de amparo; ya que ambos se pronuncian sobre actos de gobierno, los dos deben analizar los casos de improcedencia antes de analizar la admisión o no de la demanda, también estos juicios deben resolver sobre la suspensión -sobre el acto impugnado en el primero y el acto reclamado en el segundo-, los dos desahogan las pruebas en la medida de lo posible antes de la audiencia, las que dicho sea de paso son las mismas en los dos procedimientos jurisdiccionales y las que no necesariamente se llevan a cabo el día de la audiencia y finalmente tanto en el juicio administrativo como en el juicio de amparo, la controversia se resuelve en la audiencia del juicio.

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