Eduardo Nava Hernández
Tiempo de crispación
Jueves 30 de Octubre de 2014
A- A A+

Después de más de un mes del ataque de la policía de Iguala y grupos de civiles armados a alumnos de la Normal de Ayotzinapa, que dejó como saldo el asesinato de tres normalistas y tres personas más, 17 heridos y un joven estudiante en coma, y el secuestro y desaparición forzada de otros 43, el caso parece encaminarse hacia una salida oficial. El gobierno federal, al parecer, ha asumido a partir de lo que dice son testimonios confiables de nuevos detenidos, la versión de que los jóvenes desaparecidos fueron asesinados y sus cuerpos echados a un tiradero del municipio de Cocula, vecino al escenario de la matanza y secuestro.
En el camino, el descubrimiento no sólo de múltiples fosas clandestinas de las que han brotado cuerpos humanos en cantidad aterradora, sino también de una densa red de complicidades que hizo posible la tragedia y que va del defenestrado gobernador Ángel Aguirre al PRD, pasando por diversas dependencias del gobierno federal -la Segob, la PGR, el Cisen, etcétera- que, conociendo los antecedentes delincuenciales del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, no hicieron nada por detenerlo ni por impedir sus crímenes. Ahora, el descrédito de esas instituciones en el país, y del gobierno peñista en el resto del mundo es total y obligará a tomar decisiones de inmediato para enfrentar un problema que no debe ni puede presentarse más.
¿Qué sigue? Los peritajes de la PGR y de un grupo de expertos argentinos habrán de determinar si los cadáveres más recientemente encontrados corresponden o no a los de los estudiantes desaparecidos. Pero eso no habrá de terminar con el problema. Si se descarta que lo sean, será preciso continuar la búsqueda, y también seguirán las acciones de protesta y movilizaciones por todo el país de los normalistas y de miles de jóvenes y activistas que se encuentran en la calle demandando su presentación con vida y denunciando la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para resolver el caso con oportunidad y eficacia. Y faltará determinar a quiénes pertenecen esas decenas de restos humanos de los infernales hallazgos recientes.
Pero si se confirma que quienes están ahí sí son los normalistas asesinados, es impredecible lo que pueda ocurrir. No sólo quedará marcado el gobierno de Peña Nieto por su ostensible incapacidad y su responsabilidad en una nueva matanza que viene a sumarse a la de los migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hace cuatro años, y a la de Tlatlaya, apenas en junio pasado; también es muy posible que la reacción social crezca y se desborde en actos de violencia colectiva, como ya está ocurriendo, y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.
Aún estamos lejos, sin embargo, de conocer la verdad. ¿Quién y por qué ordenó no sólo el secuestro de los jóvenes estudiantes sino su asesinato? ¿Por qué, a pesar de contar con más de dos decenas de detenidos y del largo tiempo transcurrido no se ha dado con pistas seguras para encontrarlos? ¿Quién realmente ganaba con el secuestro, la desaparición o ejecución de los jóvenes? Las vacilantes respuestas que las autoridades han balbuceado permiten formular una hipótesis más. La retención de los normalistas por las policías municipales de Iguala y Cocula pudo haber ocurrido por órdenes de alguna autoridad superior, a la que fueron entregados vivos, y que, al igual que la matanza, tenía fines de escarmiento e intimidación. Bien podrían los secuestrados estar aún retenidos -como en los tiempos de la guerra sucia- por órganos del Estado que, sin embargo, por la movilización social producida y las repercusiones de los hechos en el ámbito internacional, no pueden ya presentarlos sin que los secuestrados denuncien la tortura y sufrimientos padecidos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha llegado a una especie de callejón sin salida. Presentar vivos a los jóvenes normalistas equivaldría a evidenciar la acción criminal de diversos órganos del Estado y sus nexos con los grupos de la delincuencia organizada. Presentar pruebas de su asesinato implicaría exhibir su propia ineficiencia para dar seguridad y justicia a la población del país. La opinión pública y los organismos internacionales se encargarían del resto.
Pero el caso Ayotzinapa ha tenido efectos sociales que también desbordan ya a las instituciones. Se ha forjado en las semanas transcurridas un potente movimiento estudiantil de solidaridad con los normalistas secuestrados que abarca tanto alumnos de instituciones públicas como privadas. Se trata de un movimiento que podría trascender más que el de 1968 -que se limitó fundamentalmente a las instituciones de educación superior del Valle de México, con escasas repercusiones en otras entidades- en la democratización del país. Algunas de las instituciones mismas en la Ciudad de México y otros puntos de la geografía nacional se han solidarizado con la causa de que los jóvenes sean presentados con vida, denunciando con ello, explícita o tácitamente, las responsabilidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El rector de la UNAM, José Narro Robles, ha expresado con contundencia que en México habrá un antes y un después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Para el Estado, se trata de la peor crisis política vivida en este gobierno. Mucho más que por sus proclamadamente exitosas reformas legislativas de 2013-2014, seguramente la marca de Peña Nieto para la historia serán los hechos de Tlatlaya e Iguala, como la masacre de Tlatelolco, y no los Juegos Olímpicos de 1968, lo fue para el gobierno de Díaz Ordaz.
Para la sociedad mexicana, se trata de un momento de crispación que condensa el dolor y la ira acumulados, y contenidos, por casi una década de violencia y violaciones graves a derechos humanos perpetradas tanto por los grupos de criminalidad como por las fuerzas supuestamente del orden. Es el ¡ya basta! que de diversas maneras pero en escalas menores se ha venido expresando en múltiples pero poco fructíferas acciones de protesta, denuncias ante los medios, organismos defensores y autoridades, y que no se había manifestado con semejante amplitud. El riesgo de la violencia reactiva frente a las agresiones y agravios sufridos es más que latente y se ha actualizado ya en las protestas de los normalistas y de los maestros de Guerrero mismo y de otros puntos el país. No debe desbordarse poniendo en riesgo la legitimidad y vialidad del movimiento social. Hay que poner por delante, en todo momento, la capacidad de organización, la justeza de sus demandas, su potencial de vinculación con el resto de la sociedad.
¿Qué puede resultar de la actual movilización social y del descrédito del gobierno peñista y sus compañeros de viaje? Es difícil preverlo, pero en mucho dependerá del resultado de las pesquisas en torno a los 43 estudiantes desaparecidos. Lo cierto es que las cosas no volverán a su situación anterior de relativa inmovilidad, y que grandes sectores de la sociedad, hoy empujados por una justa indignación, empiezan a activarse y a cobrar conciencia de su identidad con los grupos expuestos a la violencia y los más vulnerables. ¡Todos somos Ayotzinapa! y ¡Los queremos vivos! son hoy la divisa que unifica a estudiantes, maestros, activistas y una parte creciente de la martirizada sociedad mexicana y más allá. Su potencia movilizadora es evidente; su capacidad transformadora será seguramente real.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

El TLCAN, Trump y el dilema salarial

Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria

El pragmatismo en la política mexicana

Transición a la dictadura

La Universidad Michoacana en la encrucijada

La candidata del Congreso Nacional Indígena y el EZLN

El futuro del Frente Ciudadano por México

La Propuesta Aguirre para la Universidad Michoacana

El INE hacia 2018

Efrén Capiz y Eva Castañeda

Gobernar con el cinismo

Maquiavelo en el Estado de México

Rebelión de los trabajadores de Walmart

La Universidad Michoacana bajo fuego

Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra

Fuerzas Armadas: coerción y politización

Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable

Donald Trump, México y la tormenta perfecta

La crisis financiera de la Universidad Michoacana

Huelga de hambre en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas

La toma en la Universidad Michoacana

La beligerancia de la clase empresarial mexicana

La crisis múltiple del régimen político

De víctimas y déficit de atención

Crisis multifacética y vías de acción popular

Guerra contra el magisterio

Cherán: entre la utopía y la institucionalización

Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: quebrantar la huelga

Segundo acto: La represión

Ayotzinapa: ¿qué sigue?

El tercer mundo no es un mundo de tercera

Cinismo destilado

Guerra antipopular prolongada

La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?

El régimen canallesco y las sublevaciones que vienen

El terror y el gobierno que no nos merecemos

Tiempo de crispación

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Tlatelolco, Tlatlaya, Iguala…

La consulta del PRI sobre plurinominales, una nueva amenaza a la democracia

La crisis de representación y la autodefensa social

Recuento de daños

Cherán y el futuro de las autodefensas

El despropósito del desarme

“No dialogar bajo presión”

Autodefensas: el principio del fin

Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán

Cierre de ciclos inconclusos

La entrega petrolera

2013: Rosa Luxemburgo revisitada

La División del Norte en 2013

Los Sentimientos de la Nación

El monólogo del poder y la resistencia social

Reformismo febril e ingobernabilidad

El cerco a San Lázaro: dique al autoritarismo legislativo

Entrega del petróleo y conciencia nacional

Arlen Siu como motivo: un recuerdo y una reflexión

Reforma petrolera: ¿Unión o desunión social?

Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano

El petróleo, la batalla que viene

El Pacto por México, cadáver insepulto

La consagración de la primavera: barbarie y revolución

Evaluación educativa e insurgencia magisterial

El intento de reconstrucción del presidencialismo omnipotente

El Gordillazo: sismo sin réplicas

Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

El zapatismo en los tiempos de la restauración priísta

El 1 de diciembre y las izquierdas

El rumbo incierto de las izquierdas

Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?

De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia

Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad

La ley, la gracia, la verdad

La transición mexicana: entre Montesquieu y Monex

México: la democracia granuja y el síndrome de Watergate

“Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

Institucionalidad o ilegalidad

PRI, regreso sin gloria

El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia

La elección se cierra

#yosoy132: el retorno de los jóvenes

La primavera estudiantil contra la reversión democrática

Casas del estudiante y crisis universitaria

El asalto a la Universidad Michoacana

Un atentado mortal contra el cooperativismo

Saldos y desafíos de la visita papal: México y Cuba

Lo que la partidocracia es

Tiempo de intercampaña y judicialización política

Noventa y cinco años de la Constitución y los trabajadores

Oaxaca: matar para defender al capital

El informe de la CNDH sobre Chilpancingo

2012: 50 causas para la indignación

Chilpancingo, la violencia de Estado

Las izquierdas después de Michoacán

Gobierno de coalición y proyectos de nación

El método del “mejor posicionado”

Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

PRD Michoacán: fin de ciclo

Un recuerdo para Adolfo Sánchez Vázquez

El bloque de poder, la debacle y la izquierda electoral

Del pacto de Juárez al diálogo público

Cinco años de impunidad, no de olvido

Llegando al límite

PAN y PRI: precarizar el trabajo

Las alianzas estratégicas

Anexión de baja intensidad

La tragedia del PRD y la izquierda mexicana

A diez años de la fuga del Chapo

El eterno problema del transporte

UM: pasmo, farsa y retroceso

La Universidad Michoacana en su laberinto

Elogio de Lula

1810: la insurrección popular

El mensaje presidencial y el de la muerte

Ya no, Cayetano

Desincorporación o interés público

La huelga de hambre

El rector José Narro ante la UM

El Gran Hermano del neoliberalismo

La acometida contra el trabajo

La lucha sigue

Acuerdos bajo la mesa y crisis política

Dos y dos no siempre suman cuatro

Para 2010: Reforma, libertad, justicia y ley

El CUPIA, la toga y la soga

El SME y el movimiento social

Sólo el Estado (de excepción)

El protofascismo en acción

Mercedes Sosa: una voz al servicio de la conciencia

Yo también hablo de Juanito

La nueva Legislatura: hacia la poliarquía no democrática

Sindicaticidio consentido

Iztapalapa, la UM y la crisis de la justicia

La tentación de anular

La desnacionalización de La Palma

La UM frente a la Suprema Corte

Por la libertad de los presos políticos de Atenco

Fujimori: una dictadura ninja que se va al calabozo

Emiliano Zapata, personaje literario

Calderón: la ley, a conveniencia

Cuatro flagelos de la crisis