Eduardo Nava Hernández
Iguala, la sociedad política y el freno de la historia
Viernes 10 de Octubre de 2014
A- A A+

A poco de llegar a ocupar la Presidencia en un proceso no exento de sospechas de derroche de recursos provenientes de quién sabe dónde y compra de sufragios, Enrique Peña Nieto pidió a una sociedad mexicana harta de la violencia y la inseguridad desatadas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, un plazo de un año para presentar resultados en materia de seguridad y abatimiento de la delincuencia. Casi han pasado dos años de este gobierno y el país parece estar más lejos que nunca de los objetivos planteados en el discurso. La impunidad de un incalculable número de delitos del pasado reciente y los que aún se siguen cometiendo cotidianamente contra la seguridad, la propiedad y la vida de las personas se ha visto agravada con la nueva y descarnada modalidad de violencia que se traduce en una virtual guerra desde el poder mismo y los grupos delincuenciales contra los jóvenes y la protesta social.
Tlatlaya e Iguala, como hace pocos años San Fernando, han quedado ya inscritos en la historia de la infamia junto a Tlatelolco, el Corpus de 1971, la guerra sucia, Aguas Blancas, Acteal y otros ignominiosos episodios de muerte y dolor sin medida para colectividades enteras. ¿Qué hace particulares a estos recientes episodios con respecto de la multitud de hechos sangrientos que han enlutado a decenas de miles de hogares y sembrado el terror en regiones enteras en los últimos años? No sólo el escandaloso número de bajas sino sobre todo el papel de las fuerzas del orden en una política criminal. Cada vez queda más claro el involucramiento directo de sectores del Ejército y de las policías federales, estatales y municipales con diversos grupos de la delincuencia organizada. Cada vez más evidencias de la corrupta tolerancia de autoridades de diversos niveles a la presencia y acciones de las bandas criminales. Algo que en cada región es conocido, pero que no siempre trasciende a la opinión pública nacional ni a las instancias de procuración y administración de justicia.
En Tlatlaya e Iguala, como los casos más resonantes de violaciones graves a los derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta su primera gran crisis política, justo cuando levantaba triunfante el trofeo de las reformas estructurales, aprobadas por los partidos de colaboración (PAN y PRD) y el suyo propio, con una muy débil resistencia social, y cuando se dispone a entregar los principales recursos energéticos del país al capital transnacional. Las masacres irrumpen en medio del alborozo gubernamental -como la masiva resistencia de la comunidad politécnica a la reforma autoritaria de su reglamentación y sus planes de estudio- cuestionando la solidez de un régimen político cohesionado en sus cúpulas pero que pierde rápidamente legitimidad en el conjunto de la sociedad.
Ante la violencia brutal y descarnada que los más recientes episodios de asesinatos y de colusión entre autoridades y criminales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emplazado al gobierno mexicano a resolver de inmediato el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala y darles garantías de seguridad. El Departamento de Estado estadounidense expresa su preocupación por el caso y demanda una investigación “completa y transparente” que lleve a los responsables del crimen ante la justicia. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, expresa también desde Washington su consternación por un acto “que enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de América”.
Mientras tanto, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) diagnostica: México, último país en materia de seguridad entre las 34 naciones que la integran -23 homicidios por cada 100 mil habitantes, cinco veces más que el promedio de 4.2 asesinatos por cada 100 mil- y ubicado, en calidad de vida, por debajo del promedio en áreas como salud, ingreso disponible (lugar 33) y acceso a Internet (lugar 34), y denuncia más de 107 mil muertes violentas en el país a partir de 2007. La violencia, en una palabra, coloca a México muy lejos del estatus de las naciones más industrializadas y lo aproxima más al de los países que viven guerras civiles o delincuencia descontrolada -Estados fallidos- en Medio Oriente o África Subsahariana.
Ante ello, en una breve aparición el lunes 6 al mediodía, el presidente Peña Nieto sólo alcanza a lamentar, en relación con los asesinatos y desapariciones de los normalistas en Iguala, a los que no se atreve a llamar por su nombre, que “sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos”; y anuncia la participación del gabinete de seguridad del gobierno federal en el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.
Sin embargo, Iguala, como el caso de Tlatlaya y antes el de San Fernando, Tamaulipas, sólo habla, con distintas voces, de un mismo tema: hasta dónde se ha permitido llegar una sociedad política corrupta y con visos delincuenciales en su proceso irreversible de descomposición. En Iguala, los gobiernos municipal y local del PRD son tan responsables como lo fue el gobierno federal panista en la matanza de San Fernando y las administraciones priistas de Peña Nieto y Eruviel Ávila, en la masacre de Tlatlaya. De un sistema político totalmente alejado de las demandas de la población (a la que sólo ve como surtidor de sufragios) y profundamente penetrado por intereses particulares y corrompidos, incluidos los de las bandas delincuenciales, es de lo que se habla, y no de eventos circunstanciales o aislados.
Pero la resistencia del IPN y la solidaridad en las calles y plazas de todo el país con los estudiantes masacrados y desaparecidos de Ayotzinapa, que tiene alcances mucho más allá de nuestras fronteras, abren un nuevo ciclo de inconformidad y de movilización en la sociedad para hacer retroceder la perversa espiral de pobreza, degradación y violencia por la que ese sistema político la ha conducido. Mover a México en sentido opuesto al que sus gobernantes le deparan es hoy necesario para poner en pie a la nación, regenerar el tejido social y contener su corrupción.
Discrepando de su maestro Carlos Marx, escribió Walter Benjamin que las revoluciones no son la locomotora de la historia; son el freno de mano que los pasajeros jalan para frenar el tren cuando la locomotora los conduce a toda velocidad al despeñadero. Y una revolución es, ante todo, la opción de las grandes masas para recuperar la conducción de sus propios destinos que las aristocracias y sus representantes políticos les han arrebatado; la tabla de salvación para los oprimidos y condenados de la tierra a los que la esperanza misma se les ha negado. México, nos lo dice Iguala, a ese punto ha llegado. El freno es imperioso.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

Universitarios, ciudadanos y el fraude que viene

El TLCAN, Trump y el dilema salarial

Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria

El pragmatismo en la política mexicana

Transición a la dictadura

La Universidad Michoacana en la encrucijada

La candidata del Congreso Nacional Indígena y el EZLN

El futuro del Frente Ciudadano por México

La Propuesta Aguirre para la Universidad Michoacana

El INE hacia 2018

Efrén Capiz y Eva Castañeda

Gobernar con el cinismo

Maquiavelo en el Estado de México

Rebelión de los trabajadores de Walmart

La Universidad Michoacana bajo fuego

Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra

Fuerzas Armadas: coerción y politización

Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable

Donald Trump, México y la tormenta perfecta

La crisis financiera de la Universidad Michoacana

Huelga de hambre en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas

La toma en la Universidad Michoacana

La beligerancia de la clase empresarial mexicana

La crisis múltiple del régimen político

De víctimas y déficit de atención

Crisis multifacética y vías de acción popular

Guerra contra el magisterio

Cherán: entre la utopía y la institucionalización

Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: quebrantar la huelga

Segundo acto: La represión

Ayotzinapa: ¿qué sigue?

El tercer mundo no es un mundo de tercera

Cinismo destilado

Guerra antipopular prolongada

La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?

El régimen canallesco y las sublevaciones que vienen

El terror y el gobierno que no nos merecemos

Tiempo de crispación

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Tlatelolco, Tlatlaya, Iguala…

La consulta del PRI sobre plurinominales, una nueva amenaza a la democracia

La crisis de representación y la autodefensa social

Recuento de daños

Cherán y el futuro de las autodefensas

El despropósito del desarme

“No dialogar bajo presión”

Autodefensas: el principio del fin

Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán

Cierre de ciclos inconclusos

La entrega petrolera

2013: Rosa Luxemburgo revisitada

La División del Norte en 2013

Los Sentimientos de la Nación

El monólogo del poder y la resistencia social

Reformismo febril e ingobernabilidad

El cerco a San Lázaro: dique al autoritarismo legislativo

Entrega del petróleo y conciencia nacional

Arlen Siu como motivo: un recuerdo y una reflexión

Reforma petrolera: ¿Unión o desunión social?

Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano

El petróleo, la batalla que viene

El Pacto por México, cadáver insepulto

La consagración de la primavera: barbarie y revolución

Evaluación educativa e insurgencia magisterial

El intento de reconstrucción del presidencialismo omnipotente

El Gordillazo: sismo sin réplicas

Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

El zapatismo en los tiempos de la restauración priísta

El 1 de diciembre y las izquierdas

El rumbo incierto de las izquierdas

Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?

De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia

Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad

La ley, la gracia, la verdad

La transición mexicana: entre Montesquieu y Monex

México: la democracia granuja y el síndrome de Watergate

“Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

Institucionalidad o ilegalidad

PRI, regreso sin gloria

El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia

La elección se cierra

#yosoy132: el retorno de los jóvenes

La primavera estudiantil contra la reversión democrática

Casas del estudiante y crisis universitaria

El asalto a la Universidad Michoacana

Un atentado mortal contra el cooperativismo

Saldos y desafíos de la visita papal: México y Cuba

Lo que la partidocracia es

Tiempo de intercampaña y judicialización política

Noventa y cinco años de la Constitución y los trabajadores

Oaxaca: matar para defender al capital

El informe de la CNDH sobre Chilpancingo

2012: 50 causas para la indignación

Chilpancingo, la violencia de Estado

Las izquierdas después de Michoacán

Gobierno de coalición y proyectos de nación

El método del “mejor posicionado”

Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

PRD Michoacán: fin de ciclo

Un recuerdo para Adolfo Sánchez Vázquez

El bloque de poder, la debacle y la izquierda electoral

Del pacto de Juárez al diálogo público

Cinco años de impunidad, no de olvido

Llegando al límite

PAN y PRI: precarizar el trabajo

Las alianzas estratégicas

Anexión de baja intensidad

La tragedia del PRD y la izquierda mexicana

A diez años de la fuga del Chapo

El eterno problema del transporte

UM: pasmo, farsa y retroceso

La Universidad Michoacana en su laberinto

Elogio de Lula

1810: la insurrección popular

El mensaje presidencial y el de la muerte

Ya no, Cayetano

Desincorporación o interés público

La huelga de hambre

El rector José Narro ante la UM

El Gran Hermano del neoliberalismo

La acometida contra el trabajo

La lucha sigue

Acuerdos bajo la mesa y crisis política

Dos y dos no siempre suman cuatro

Para 2010: Reforma, libertad, justicia y ley

El CUPIA, la toga y la soga

El SME y el movimiento social

Sólo el Estado (de excepción)

El protofascismo en acción

Mercedes Sosa: una voz al servicio de la conciencia

Yo también hablo de Juanito

La nueva Legislatura: hacia la poliarquía no democrática

Sindicaticidio consentido

Iztapalapa, la UM y la crisis de la justicia

La tentación de anular

La desnacionalización de La Palma

La UM frente a la Suprema Corte

Por la libertad de los presos políticos de Atenco

Fujimori: una dictadura ninja que se va al calabozo

Emiliano Zapata, personaje literario

Calderón: la ley, a conveniencia