Ismael Acosta García
Pacto de civilidad, ¿por qué?, ¿para qué?
Viernes 10 de Octubre de 2014
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La semana pasada, recién instalado el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, su presidente, Ramón Hernández Reyes, formuló un llamado a las fuerzas políticas del estado “para firmar un compromiso cívico-político (Pacto de Civilidad) cuyo propósito sea el apego a los cauces jurídicos durante el proceso comicial, bajo un clima de cordialidad, tolerancia y respeto entre los partidos políticos y candidatos” (Patricia Monreal. Cambio de Michoacán, 04/10/2014 p. 6.)
Esta abrupta declaración que evidentemente el mencionado presidente no tuvo la gentileza de ponerla a consideración previa de los nuevos consejeros del órgano público electoral michoacano (como debió haber sido por ética elemental, puesto que en la posición que ocupa no debe expresarse de manera personal sino institucional), nada tiene de civilizada, y menos en la persona del susodicho presidente que se supone debe ser el garante de la legalidad y la justa aplicación de las leyes electorales. Es, por el contrario, una pifia que evidencia su infantilismo político al poner, tácitamente, los ordenamientos jurídicos de la materia a la interpretación o buena fe de los partidos políticos, sus candidatos y sus representantes, cuando que él debiera ser el primer obligado en crear para su órgano un clima de estabilidad, confianza y certeza fuera de interpretaciones moralistas.
Detrás de la aparente buena intención del misericordioso consejero presidente, se deja ver su falta de probidad y capacidad para el cargo. No olvidemos que él, como secretario general del anterior IEM que “vigiló” las tan cuestionadas elecciones de 2012, formó parte de una estructura electoral que nada hizo para limpiar de contaminantes criminales al proceso en comento, aún y cuando algunos actores lo denunciaron oportuna y públicamente, y cuyas consecuencias estamos pagando el día de hoy la sociedad entera.
No es explicable cómo, un “profesional” electoral que dejó mucho que desear en sus resultados durante el proceso de selección para el cargo que hoy ocupa (baste ver las publicaciones que el propio INE emitió donde se demuestra que por lo menos una decena de ciudadanos quedaron mejor calificados que él), sea de nueva cuenta nominado como presidente del órgano local aún por sobre el rendimiento e historia con que cuentan otros actores como Jaime Quintero Gómez y Jaime Rivera Velásquez; el primero, con el reconocimiento social de ser el más experimentado funcionario electoral en el estado; el segundo, como ideólogo en la creación del IFE junto a José Woldenberg, primer presidente del órgano electoral mexicano (1997-2003) y en donde Rivera se desempeñó eficientemente durante seis años como director ejecutivo de Organización Electoral a nivel nacional; ni qué decir de Humberto Urquiza Martínez y otros personajes más que inclusive fungían como sus pares o subordinados en el pasado reciente pero que resultaron ser más avezados que él. Queda ahí la duda de la legitimidad de su nombramiento, mayormente si nos remitimos a la reciente impugnación que con peritajes matemáticos presentó el senador Javier Corral, denunciando anomalías por la conformación de un bloque de cinco consejeros del INE que votaron de manera homogénea a favor de 354 aspirantes, de entre los cuales Ramón Hernández es uno de los beneficiarios; sin olvidar, desde luego, la denuncia directa que hizo el dirigente estatal del PAN en el sentido de que, “en días pasados, hubo cabildeo del comisionado (Alfredo Castillo) en las oficinas centrales del IEM con el objeto de incidir en la integración del Consejo General del IEM”. ¡Vaya!, severa denuncia que hasta hoy no ha tenido respuesta.
Pues bien, decíamos, ¿por qué la firma de un “pacto” y para qué?
De pactos ya estamos hasta la coronilla. El Pacto por México violentó las leyes fundamentales de nuestro país en obsceno ánimo de imponer las reformas estructurales que, bajo la mirada inquisidora del imperio de Davos, impulsa el régimen ilegítimo de Peña Nieto. Comenzó por atentar contra la esencia misma del Poder Legislativo “cocinando” acuerdos entre sus actores (PRD entre ellos) que después se “legalizaron” en las cámaras de Diputados y de Senadores.
El Pacto por Michoacán fue un decálogo de buenas intenciones que hoy nadie recuerda, menos cuando su impulsor ha caído en un verdadero ostracismo político. En aquel momento, no fue más que la réplica de los enunciados de un Plan de Gobierno al que la sociedad le ha dado prácticamente el requiescat in pace.
La civilidad no consiste en hacer profesión pública de fe para respetar o hablar bien del oponente, sino en la necesidad de que todos los actores del proceso electoral, autoridades, partidos y candidatos, se ciñan u observen a raja tabla las leyes electorales y las instituciones que la sociedad misma ha construido a través de experiencias en muchos casos hasta dolorosas; preferentemente los primeros, pues, como decíamos líneas arriba, son los garantes en los cuales la sociedad ha depositado su confianza para la estricta aplicación de la ley. Bien lo afirmó el martes pasado Lorenzo Córdova, presidente del INE, al expresar su mensaje en la sesión con que dio inicio el proceso electoral federal de 2015, diciendo: “La democracia supone la existencia de determinadas reglas pactadas, convenidas y aceptadas por todos los actores políticos, la vocación democrática de estos significa la voluntad y disposición de jugar conforme a las reglas”. En lo doméstico, el diputado local priista Omar Noé Bernardino, afirmó: “Acatemos las leyes y los resolutivos de las instituciones que nos hemos dado, vayamos a la contienda armados de argumentos y propuestas, compitamos con lealtad y respetemos el veredicto que los ciudadanos emitan en las urnas” Entonces, preguntaríamos al multicitado consejero presidente: ¿Por qué tales pactos sobre lo que ya está pactado en la ley? ¿Para qué?
Ramón Hernández actúa, en el mejor de los casos, con una perversión inconsciente (Infantil. Lacan y Freud) pues, en el garlito que lanza, pone a los partidos literalmente contra la pared puesto que, si acceden a su pueril convocatoria, tácitamente se adhieren a un convenio que disimula la ley para ponerse en el plano de los acuerdos supra legales, mediático-populares; si los partidos deciden que no van con él, como a estas alturas ya lo manifestaron Morena y Movimiento Ciudadano, corren el riesgo de aparecer ante la opinión pública como opositores a las buenas costumbres y, en consecuencia, a una moral que sólo existe en el imaginario del referido consejero presidente. Curiosa cosa, por cierto, sólo PRI y PAN, a través de sus presidentes estatales, se manifestaron de acuerdo en signar dicho compromiso. Esa conducta, aquí y en China, se llama perversión.
El IEM y su presidente no pueden abdicar de inicio a sus funciones legales. La ley les concede facultades de vigilancia en todo momento que no requieren de pactos ni de alianzas, sino de la estricta observancia y aplicación de la norma. Las buenas intenciones de un pacto político, no sustituyen a la certeza jurídica de un procedimiento electoral apegado a derecho.
La ciudadanía también tenemos responsabilidades que no podemos eludir. Participar en la organización de los procesos electorales es un valor civil que debemos honrar; pero, ser observadores fieles y críticos de las acciones de los actores políticos es también, más que un derecho, una obligación ciudadana. Es por ello que no podemos aceptar que, el árbitro principal del proceso electoral michoacano llame a las partes a signar “pactos o acuerditos mediáticos” sin valor ninguno que pretendan sujetar a su moralidad cristiana los asuntos que deben ser regidos estrictamente por nuestras leyes. Creo que en el ánimo de impactar a la ciudadanía en el momento de reiniciar una ilegítima presidencia del órgano electoral en Michoacán, Hernández Reyes no tuvo otra coartada más ingeniosa con la cual sorprendernos.

Por los de Ayotzinapa

No hay palabras para referirnos al terrorismo de Estado y crueldad represiva que los tres órdenes de gobierno en México han implementado contra sus oponentes ideológicos. Y claro que lo es el gobierno, como aconteció en Iguala; en esta ocasión, a través del crimen organizado que se camufló con sus policías y Fuerzas Armadas. Tal es el caso que acontece con los efectivos policiacos, militares y de defensas rurales en Michoacán, que vox pópuli reclama estar infestados de redimidos criminales. Cuidado, mucho cuidado. Más vale un llamado a tiempo que miles de lágrimas vertidas en el momento aciago. ¡Líbranos, Señor, de ellos!
Es cuanto.

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