José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La vivienda, la seguridad social y el Infonavit
Sábado 27 de Septiembre de 2014

A ti que el día de ayer cumpliste sesenta años y tienes muchos proyectos académicos.

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La seguridad social, es el conjunto integrado de medidas públicas de ordenación para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluables, para todos los residentes contra las situaciones de necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas -bienestar – Manuel Alonso Olea (1990).
Para el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social (CIESS), la seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras.
Es un derecho humano la seguridad social, según se desprende del contenido del artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando señala que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, los recursos de cada Estado, para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Y en específico la declaración, en el artículo 25 se refiere a la vivienda como un derecho a un nivel de vida adecuado, en los mismos términos se reconoce este derecho en el artículo 11 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por México en 1981.
Por lo anterior, la vivienda forma parte del derecho fundamental de seguridad social, sin embargo en México, es una consecuencia del trabajo más que un derecho de la seguridad social.
En nuestra legislación el derecho a la vivienda se encuentra regulado en la fracción XII del artículo 123 constitucional, prerrogativa a la vivienda que se encuentra explicada en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ordenamiento de utilidad social y de observancia general en toda la República, mediante el que se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit, el que administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, a que se refiere el ordenamiento constitucional, para con ello establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y el pago de pasivos contraídos por concepto de vivienda en sus modalidades, coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.
La materialización de los préstamos del Infonavit, se realizan a través de un contrato hipotecario que se plasma en una escritura pública, es decir que el bien inmueble sobre el que se aplica el crédito, es la garantía para que el instituto recupere el importe del préstamo en caso de impago, razón por la que se hace una anotación marginal en la escritura que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el estado.
El instrumento notarial arriba descrito señala que será motivo de rescisión del contrato de otorgamiento de crédito “sin necesidad de declaración judicial”, cuando el trabajador deja de cubrir dos pagos consecutivos o tres no consecutivos en el curso de un año.

Cobranza por despachos externos

Durante la administración del presidente Fox, el derecho social de la vivienda sufrió una transformación a derecho privado, para los efectos de recuperación de la cartera vencida, ya que por los antecedentes del titular del ejecutivo, el Infonavit, se manejó como una empresa refresquera, en atención a que por una parte se la pasó “el filósofo de Guanajuato” durante todo el sexenio publicitando la construcción de millones y millones de casas, lo cual siempre estuvo en duda, ya que quien esto escribe no conoció un solo beneficiario, sin embargo por el número pareciera que estuviera vendiendo “aguas carbonatadas”; pero lo más grave es que, la cartera vencida fue encargada a despachos externos, con la consigna de recuperar a como diera lugar, los préstamos y en este distrito judicial han sido no pocos los trabajadores que han tenido que entregar sus viviendas, ya que les han aplicado el contrato al pie de la letra, con lo que se hizo nugatorio el derecho social a la vivienda.
Por lo anterior se impone regresar los préstamos del Infonavit a su naturaleza, es decir a un tratamiento como lo que es –un derecho social-, por tanto se deberá retirar la leyenda “sin necesidad de declaración judicial” de los contratos hipotecarios, toda vez que es una obligación de derecho civil, conocida como la pacta sun servanda –lo que las partes acuerden es ley– y esto es un elemento extraño en un derecho social como lo es la vivienda, por tratarse de una prestación derivada del trabajo, y continuar con la cláusula es violatorio de derechos fundamentales.
También el Infonavit, como un organismo del Estado mexicano, deberá recuperar la cartera que le fue conferida a los despachos externos e intentar la recuperación por sus medios y si ello no fuera posible, que se comprometan a gestionar, sin esa manifestación y finalmente aceptar el depósito de los pagos en el instituto, tomándolo como una disposición de ponerse al corriente y retirarle en ese momento la cuenta al despacho externo que la tenga para continuar con la cobranza extrajudicial.
Ya que actualmente los despachos citan a los trabajadores deudores ante ellos, para que se pongan al corriente a través del pago de las mensualidades atrasadas y cuando estos acceden les hacen firmar un convenio, mismo que ratifican ante el juzgado, el que contiene la leyenda tantas veces mencionada, para que en caso de un nuevo atraso, el trabajador se compromete a entregar la vivienda y lo más grave es que, les están haciendo efectiva la leyenda, es decir les están quitando la vivienda de interés social.

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