José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La Ley Federal de Consulta Popular
Sábado 20 de Septiembre de 2014
A- A A+

El 2 de diciembre del año 2012, en un hecho inédito en la política mexicana, Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los principales partidos políticos firmaron el Pacto por México, acuerdo que tenía como propósito fundamental, lograr las reformas que cada fuerza política había venido impulsando, sin haber logrado convertirlas en ley, por lo que ante tal posibilidad aceptaron para con ello beneficiar a México y avanzar en sus preferencias electorales, para llegar al poder.
El convenio que privilegiaba las coincidencias, para sacar acuerdos en temas trascendentales para la vida del país, quedó fijado en tres ejes rectores: 1. El fortalecimiento del Estado mexicano, 2. La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales y 3. La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas; los que se implementan a partir de cinco acuerdos: 1. Sociedad de derechos y libertades, 2. Crecimiento económico, empleo y competitividad, 3. Seguridad y justicia, 4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y 5. Gobernabilidad democrática.
Y como una de las acción inmediatas del pacto, era promulgar la ley reglamentaria al artículo 35 constitucional, la que crea la consulta popular, en su fracción (VIII), reforma electoral de ese año del 2012, que se había logrado cuatro meses antes de la firma del pacto, mediante la que se establecía la participación ciudadana en el ejercicio del poder público.
Por los acuerdos alcanzados entre los partidos políticos y el presidente, el tránsito legislativo debía ser ágil, pero la realidad era otra, es decir se seguían dando batallas ideológicas en el Congreso para imprimirle a las leyes derivadas del pacto, la filosofía partidista de cada uno de los protagonistas, razón por la que, la iniciativa para expedir la ley sobre consulta popular, le tomó al Congreso de la Unión aproximadamente un año cuatro meses, ya que fue promulgada en marzo del 2014.
Las consultas populares según la fracción VIII del artículo 35 constitucional, serán convocadas por el Congreso de la Unión, a petición del presidente de la República, o del 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras o por el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en el Instituto Nacional Electoral, cuando la participación de los ciudadanos en la consulta sea del 40 por ciento de la mencionada lista del INE, su resultado será de observancia obligatoria -vinculante-.
Ahora bien, no obstante que las consultas serán sobre temas de trascendencia nacional, éstas no podrán realizarse, tratándose de restricción de derechos humanos o cuando tengan el propósito de desaparecer el sistema republicano por el que se rige este país, tampoco en materia electoral opera la consulta, en materia de ingresos y gastos del Estado, respecto de la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.
El Instituto Nacional Electoral verificara, tratándose de consultas impulsadas por ciudadanos, que efectivamente quienes las promueven correspondan al porcentaje a que se refiere la Constitución, además tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, las consultas sólo se realizarán cuando haya elecciones federales -en el día de la jornada electoral- y respecto de las resoluciones del INE podrán ser combatidas a través de los medios de impugnación con que cuenta la materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Contenido de la legislación

La Ley Federal de Consulta Popular es de orden público e interés social, que promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares, regulando el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, en su aplicación intervienen el Poder Legislativo a través del Congreso de la Unión, el Poder Judicial por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un organismo autónomo como lo es el Instituto Nacional Electoral en sus respectivos ámbitos de competencia, la ley define a la consulta popular como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, los mexicanos que residan en el extranjero sólo podrán participar en consultas que coincidan con elecciones presidenciales, y las consultas únicamente se realizarán cuando haya elecciones federales -precisamente el día de la jornada electoral-.
Las peticiones de consulta podrán presentarse a partir del 1° de septiembre del 2° año del ejercicio de cada Legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo a una elección federal, por lo que sólo podrán ser motivo de consulta el año que entra, las solicitudes presentadas hasta el día 15 de este mes y año que transcurre, ya que habrá elecciones federales el año próximo y de las notas periodísticas se advierte que sólo están en trámite, la promovida en contra de la Reforma Energética y la de reducción de diputados plurinominales y senadores.
La ley en comento, buscando la mayor certeza jurídica en la tramitología, establece que el Congreso [la cámara que corresponda] emitirá los formatos de solicitud de aviso -nombre completo y firma del solicitante o solicitantes, propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional, y la pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y deberá estar relacionada con el tema de la consulta y sólo se podrá formular una pregunta-.
Igualmente la cámara que conozca de la solicitud, dependiendo del tema, emitirá el formato para la obtención de firmas, el que deberá contener -el tema de trascendencia nacional planteado, la propuesta de pregunta, el número de folio de cada hoja, el nombre, firma, la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector –.
Todas las peticiones de consulta serán enviadas a la Corte, para que el alto tribunal del país, se pronuncie sobre la constitucionalidad -opinar si los temas propuestos para consulta son compatibles con la Constitución- y revisión de la pregunta, aprobando o reprobando si la consulta se ajusta o no a la norma fundamental.
Y dependiendo de esto y de la comprobación por parte del INE, del número suficiente de peticionarios cuando la solicitud sea promovida por ciudadanos; el Congreso, mediante decreto que publica en el Diario Oficial de la Federación, notificará al INE, para la implementación de la convocatoria, dándole de ahí en adelante, todo el tratamiento que realiza con una elección, cuya promoción se suspenderá tres días naturales ante de la consulta, el resultado se dará a conocer al segundo miércoles después de la elección, es decir una semana después de los resultados electorales, la ley contempla el recuento de votos, cuando la diferencia entre el “S͔ y “NO” es igual o menor a un punto porcentual, el Instituto tiene la facultad de hacer la declaratoria de resultados; tratándose de impugnaciones, cabe el recurso de apelación a que se refiere la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que se puede interponer sólo contra dos determinaciones del Instituto, al pronunciarse sobre el dos pro ciento de los ciudadanos y en contra del resultado de la consulta popular.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad