Hugo Rangel Vargas
PRD: La nueva cuota de sangre
Jueves 18 de Septiembre de 2014
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De 1988 al 2000, el Partido de la Revolución Democrática acumuló 662 militantes asesinados, esto según una denuncia presentada por la entonces dirigente nacional de dicho partido, Rosario Robles, ante la Fiscalía para Delitos del Pasado en el año 2002. La pérdida más significativa de activos políticos de parte del sol azteca a través de crímenes, ocurrió en este periodo que va desde la fundación de dicho partido hasta la alternancia política de fin de siglo, e incluyó desde personajes emblemáticos como Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heraldez, hasta estudiantes miembros del naciente Frente Democrático Nacional como Jorge Flores Vargas y Jesús Ramos Rivas.
La irrupción a la vida pública de parte de un movimiento social devenido en partido político como lo era el PRD, significó una afrenta al régimen político, la cual generaría una fisura de tal magnitud que doce años después se reflejó en su derrota electoral. En este contexto es que se desata una guerra de baja intensidad contra los cuadros y militantes del naciente partido, llevándole a pagar una importante cuota de sangre en la primera década de su fundación.
La consolidación de la vida democrática, que ha sido la bandera ideológica y consigna fundacional de dicho partido, sigue siendo una tarea pendiente en el sistema político mexicano; demanda que sigue añejándose a la sazón de la terrible desigualdad social que limita la concreción de los derechos ciudadanos; así como de las condiciones de inseguridad que ponen en vilo la integridad de dirigentes políticos e incluso de propios representantes populares, ya no decir de ciudadanos en general.
La inconclusa e imperfecta democracia mexicana sigue cobrando cuotas de sangre al perredismo y en la segunda mitad del año pasado, este partido político contempló la pérdida de cuadros importantes de sus filas a manos de criminales en Michoacán. El nefasto obituario comenzó en junio con el artero asesinato del abogado Carlos de los Santos, quien había sido funcionario de la PGJE en la primera administración perredista de Michoacán. Siguieron a este crimen, en septiembre y separados entre sí por sólo unos días, los homicidios del diputado Osbaldo Esquivel Lucatero, así como del ex alcalde de Quiroga Javier Sagrero.
El fin del 2013 traería un par de peripecias más para el perredismo michoacano, y en noviembre caería víctima de tortura y asesinato el alcalde de Santa Ana Maya y fundador del PRD, Ygnacio López Mendoza. Finalmente en diciembre, sería ejecutado el también miembro precursor de dicho partido y jefe de Tenencia en Morelos (circunscripción auxiliar de la capital michoacana), Roberto Carlos Vidales.
Sin el tono tan dramático que tuvieron los crímenes en el nacimiento del PRD y puestos en el contexto de una situación de crisis de inseguridad generalizada que padece Michoacán; el recuerdo que evocó el acto de aniversario luctuoso que realizó el Congreso del Estado en días pasados en memoria de Osbaldo Esquivel, resulta un pretexto para traer a la memoria a estas víctimas de la incapacidad estructural del Estado de cumplir con su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, debilidad que ha comenzado a hacer mella sobre la normalidad democrática.
El hilo conductor de las 662 muertes de perredistas en los doce primeros años de vida de ese partido con la de las ejecuciones sucedidas el año pasado, tiene una hebra adicional a la de la clara languidez de la democracia mexicana, y se encuentra en la impunidad en la que se encuentran casi la totalidad de estos crímenes.
Si bien es lamentable que ocurran asesinatos de seres humanos al margen de su militancia partidaria e ideológica, la sangre derramada desde el interior de las filas del sol azteca, partido que se ufana de haber entrado a una fase de madurez y de convivencia sana con el régimen, obliga a pensar sobre el verdadero estado en el que se encuentra la “civilidad” de la vida política en Michoacán y en el país.

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