José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
En los albores de la reforma penal
Viernes 12 de Septiembre de 2014
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La reforma constitucional penal tiene, en los órganos de procuración de justicia, uno de los retos más importantes para su implementación, ya que la misma siempre ha estado bajo sospecha y sin reconocimiento, por exceso o por defecto en sus actuaciones y como muestra de lo anterior está una averiguación previa penal del año 2013 que se acaba de resolver en un juzgado penal, por falta de pruebas, al haberse integrado esencialmente a partir de una prueba ilícita por omisa.
Lo anterior, pese a que nos encontramos en los albores (marzo del 2015 en el estado) de un nuevo sistema penal [acusatorio], que se rige entre otros por el principio de contradicción, lo que implica, que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor (SCJN 2011, contradicción de tesis 412/2010).
En la indagatoria 163/2013-XVIII-I que se integró en la Agencia Décimo Octava especializada en delitos de despojo de inmuebles y aguas de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, por el delito de despojo, al impedir, a decir del ofendido el ingreso a un terreno baldío de su propiedad, obstrucción de la que dio fe el Ministerio Público investigador mediante el acta de inspección al inmueble, en la que se asentó tal situación, prueba determinante del delito y motivo de la consignación, al impedirle el acceso al propietario del terreno, por el lindero sur, que es el de la ubicación del lote.
Sin embargo la prueba de inspección a que se refiere el párrafo anterior, contiene omisiones, que la convierten en una prueba ilícita, ya que no quedó plasmado todo lo que hay alrededor del lote, en atención a que por el lindero norte, remata una calle en el terreno del presunto ofendido, es decir que por ese viento cuando menos tiene una entrada franca de aproximadamente diez metros, por el poniente del terreno se encuentra trazada una calle, es decir que por todo ese lindero se puede ingresar y por el lado oriente también se encuentra proyectada una calle de aproximadamente ocho metros, de tal suerte que en la época en que el ofendido presentó la denuncia, su terreno contaba con cuando menos tres entradas, las que omitió describir el representante social, convirtiendo a la prueba en ilícita; pues no es posible que la autoridad de procuración de justicia para integrar sus averiguaciones se apoye en omisiones que se traducen en ilicitudes.
Para poner de manifiesto esa “patraña jurídica”, le tomó a la defensa nueve meses, lapso de tiempo que transcurrió entre la detención, a principios de enero de este año y la confirmación de un auto de libertad por falta de pruebas para procesar, dictado por la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La consignación se hizo en contra de cinco personas, habiendo detenido la Policía Ministerial a petición del juez, ya que había dictado orden de aprehensión en contra de la totalidad de los consignados, a cuatro en enero de la anualidad que transcurre, a los que se les concedió la libertad provisional bajo fianza el mismo día de su detención, en el término constitucional se les dictó un auto de formal prisión, sin que para ello se tomaran en cuenta los alegatos formulados por los defensores particulares en los que argumentaban que no se acreditaba el delito ni la probable responsabilidad, ya que el terreno contaba con otros accesos además del de su calle, y para apoyar esa afirmación se acercaron al expediente: fotografías de la calle norte y el número de la calle, que era por donde en realidad entraba y salía el propietario, planos del área geográfica, fotografías de Google; por lo que se apeló el auto constitucional que los sujetaba formalmente a proceso, confirmando la primera sala la sujeción a proceso, el que se recurrió en vía de amparo indirecto y al mismo tiempo se atendía el desarrollo del proceso.
El expediente 370/2013-II en el Juzgado 3° Penal de primera instancia del Distrito Judicial de Morelia, se encontraba en la etapa de pruebas cuando a principios de marzo de esta anualidad, fue detenida la persona número 5, a la que también se le concedió la libertad bajo fianza el día de su aprehensión; y dentro del plazo constitucional ampliado de 144 horas, oportunamente se ofreció y admitió, una prueba de inspección a cargo del personal del juzgado con pericial anexa en ingeniería civil, actuación que puso de manifiesto lo que habíamos venido sosteniendo en la estrategia de la defensa, que existían otros tres flancos por donde el presunto ofendido podía ingresar a su terreno, y que de hecho accesaba por el viento norte, por lo que no había impedimento para el ejercicio de su derecho de propiedad.
Como el juez de la causa fue formado bajo el sistema inquisitorio, la diligencia de la inspección y el dictamen del perito no formaron convicción en el juzgador, por lo que al resolver el auto del término constitucional, también declaró formalmente presa a la 5ª. encausada, auto que apelamos, inconformidad que le tocó conocer a la Sexta Sala Penal, la que decretó la libertad por falta de pruebas para procesar, al no acreditarse el injusto penal por el que se le detuvo, además porque de los autos no se desprendía responsabilidad alguna; resolución que sirvió de argumento para promover un incidente de libertad por falta de pruebas para procesar ante el juez natural, el que resultó procedente y alcanzaron la libertad las dos personas que se encontraban sujetas a procedimiento, ya que a dos más el abogado del ofendido les otorgó el perdón a cambio de la entrega de diez mil pesos.

El juez de Control o de Garantías

El yerro jurídico de indagar, consignar, detener, y sujetar a proceso a cinco personas a partir de una prueba -fruto del árbol emponzoñado [no se le otorgara eficacia probatoria a aquella prueba que ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de una conducta ilícita] Cárdenas Rioseco (2011) -, de la autoridad de procuración de justicia, no va a suceder en el nuevo sistema penal, ya que un juez de control va a revisar las actuaciones del Ministerio Público, con la obligación de purgar violaciones al debido proceso -en este caso la nulidad de la prueba contaminada- pues una inspección que es omisa y sólo contiene lo que el Ministerio Público asentó, porque eso fue lo que le dictó el abogado del “ofendido”, me remito a la indagatoria, misma que se encuentra en el expediente del Juzgado.
Luego entonces el juez de control, es una figura jurídica, que a través de una intervención escrupulosa garantizará los derechos del inculpado, como en el caso que nos ocupa, y desde luego también del ofendido (García Ramírez, 2009); es decir que ahora, las actuaciones de las autoridades de procuración de justicia, que sean ilícitas, serán declaradas nulas en reparación de derechos fundamentales. Para que no sucedan casos como el relatado.
Es decir, habrá jueces que controlen los actos del Ministerio Público, cuyo objetivo sea velar porque se respeten los derechos de la víctima y del imputado cuando el ministerio público se encuentre investigando un delito o decida resolver el asunto de alguna forma, mediante su intervención personal y directa en la calificación de los actos de molestia que ejerce el ministerio público en contra de los ciudadanos, utilizando para ello las audiencias públicas en la toma de sus decisiones.
Incluso autores como Castillo Garrido (2011), sostienen que el juez de Control en su función de garantía, debe ser considerado como un nuevo mecanismo de control constitucional, porque al custodiar derechos fundamentales de los individuos, las víctimas u ofendidos, tales como la inviolabilidad de su domicilio, la dignidad humana y la reparación del daño, protegen no sólo esos derechos subjetivos sino la propia Constitución.
Pero sobre todo van a purgar vicios de las indagatorias que violen derechos, para que el justiciable no tenga que ir de manera innecesaria a los juzgados, por delitos que no ha cometido.

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