Eduardo Nava Hernández
La crisis de representación y la autodefensa social
Viernes 22 de Agosto de 2014
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Cerrado el así llamado por sus autores ciclo de reformas estructurales con la promulgación de las leyes secundarias relativas al petróleo, gas y energía eléctrica, y tras una serie de periodos ordinarios y extraordinarios del Poder Legislativo exitosos para los partidarios de las reformas, se ha desatado, como era de esperarse, una intensa campaña de radio y televisión para convencer a la población de las bondades de estos grandes cambios en los que los ciudadanos no fueron tomados en cuenta.
Ahora, el bombardeo mediático intentará hacer aceptables para el grueso de los mexicanos -mediante la prestidigitación audiovisual que desaparece los aspectos negativos y hace aparecer inexistentes beneficios- aspectos como la consolidación de los monopolios en telecomunicaciones, el espionaje cotidiano a los medios con los que la gente se comunica entre sí (teléfonos fijos y celulares, Internet y redes sociales, etcétera), la limitación permanente proyectada a las radios comunitarias y medios alternativos de difusión, la entrega del petróleo, el gas y de la electricidad a las grandes empresas internacionales para su explotación y otros polémicos aspectos que están lejos de ser valorados como positivos por el conjunto de la sociedad nacional. Nuevos resortes del aparato de poder se moverán también para impedir que en el próximo año se efectúe la consulta constitucional acerca de la Reforma Energética que han planteado, por separado, el PRD y el Morena, de Andrés Manuel López Obrador.
El saldo de esta vertiginosa etapa de modificaciones constitucionales y legales favorece en lo inmediato, sin duda, a los sectores oligárquicos dominantes y a sus agentes en las estructuras del poder político. Pero sus logros aparecen como producto no de un fortalecimiento de la democracia y la representación popular, sino del creciente divorcio -agravado por diversos factores presentes a lo largo del proceso legislativo o adyacentes a éste- entre los órganos supuestamente representativos y los ciudadanos comunes.
¿Cómo se cocinaron y fraguaron en las zonas de penumbra del poder político, y particularmente del Congreso de la Unión y los congresos locales, esas trascendentes reformas? Ya algunos indicios comienzan a sugerir cómo. La revelación reciente del diputado Ricardo Monreal de un proyecto de incremento del 30 por ciento en el presupuesto de la Cámara para 2015, que incluiría una partida de 500 millones de pesos para “bonos de desempeño” a los legisladores por fin de periodo, y las cantidades también millonarias, al parecer ya distribuidas a las fracciones legislativas como “subvenciones especiales”, indican o confirman que el dinero ha corrido de manera extraordinaria entre los congresistas durante los recientes procesos legislativos o se dispone a hacerlo para el próximo año.
El propio Monreal, como coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, ha intentado, hasta ahora sin éxito, reintegrar a la Tesorería de la Federación quince millones de pesos que llegaron a su bancada sin justificación. Pero es el único de los coordinadores que lo ha intentado.
Si bien no hay duda de que existe en panistas y priistas convicción con los contenidos esenciales de las reformas, probablemente se sabrá más adelante si fue o no la compra de votos lo que al final decidió su aprobación, y particularmente las de Telecomunicaciones y Energética, entre militantes de otros partidos aliados, o si se convino alguna suerte de estímulo económico para todos cuando concluyera el proceso y para el próximo año cuando terminen los diputados su gestión.
Pero más allá de los privilegios de los que, bien se sabe, disfrutan los legisladores de ambas cámaras, y también muchos de los diputados de las legislaturas locales, lo cierto es que se ha concretado la ruptura más drástica en las relaciones de representación entre los congresistas y los ciudadanos. Al pasar por alto la consulta pública en materias tan delicadas como las arriba mencionadas, y al hacer oídos sordos a las posiciones provenientes de algunos opositores, el bloque mayoritario ha convertido al Legislativo, una vez más, como en los mejores tiempos del presidencialismo, en mero órgano operador de los designios del Ejecutivo. Se ha llegado al extremo de que las propias negociaciones parlamentarias se efectuaron en presencia del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, a quien se atribuye la autoría definitiva de las iniciativas de las reformas.
Recordemos que fue en 1997 cuando, por primera vez, se logró romper la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados y éste tuvo que negociar con las fracciones del PRD y el PAN una nueva estructura de gobierno, basada en posiciones rotativas a través de la Junta de Coordinación Política, y ya no en la antigua Gran Comisión que antaño monopolizaba. Ahora, 17 años después, aun con una aparente presencia opositora en las cámaras, se ha instalado un bloque interpartidario que se configura como una nueva forma de mayoría absoluta en función de los intereses económicos dominantes en el país.
La función del Poder Legislativo no es sólo hacer las leyes. La Constitución le asigna, en su artículo 73 y en otros, diversas atribuciones que complementan y contrapesan a las del poder Ejecutivo. En algunos sentidos, debe ejercer incluso funciones de control sobre este último. Y en este caso, la sumisión del Congreso se traduce en un deficiente o nulo ejercicio de esas funciones, que facilitaría el avance de la corrupción en diversos ámbitos.
El dispendio y los privilegios de los legisladores, e incluso el reciente escándalo de la fiesta de los panistas en Puerto Vallarta durante la reunión de su bancada a inicios del año, dan cuenta de su alejamiento definitivo con respecto de los electores. Es claro que reformas de la trascendencia y profundidad de las que fueron aprobadas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 (“educativa” política, financiera, fiscal, de telecomunicaciones y energética) no formaban parte, con la forma que finalmente asumieron, de la oferta de los partidos políticos en las pasadas elecciones. Fue el Pacto por México, firmado en el inicio del gobierno de Peña Nieto, lo que consolidó un bloque partidocrático sin conexión con la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. ¿Y qué decir de otras instancias, penetradas y capturadas por la corrupción, la delincuencia y los intereses no sólo particulares sino antisociales?
La miseria legislativa mexicana va más allá de las crisis parlamentarias tradicionales por desavenencias e incapacidad para tomar acuerdos. Es una crisis moral de largo alcance que muy probablemente vaya más allá de la presente Legislatura y que ha fracturado duraderamente la relación entre gobernantes y gobernados.
No es algo en absoluto nuevo; pero sí es una regresión drástica con respecto de los tenues avances que a lo largo de varios años de una prometida y nunca alcanzada transición democrática, se habían logrado. Si el Congreso y otras instancias de autoridad han asumido formas facciosas, son los ciudadanos, las comunidades y organizaciones colectivas, los que tendrán que imponer desde sus propios espacios en la sociedad civil nuevas formas de representación y defensa de sus intereses. Un ejemplo reciente es la reunión de 112 organizaciones sociales y comunidades el 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco, en la que todas ellas coincidieron en la defensa de sus territorios frente al avance depredador de los megaproyectos como la minería a cielo abierto, campos eólicos, gasoductos, termoeléctricas, aeropuertos, despojo de tierras, presas, represas, complejos habitacionales, y la inminente entrada de empresas petroleras y gaseras a tomar posesión de las tierras y recursos naturales. Ante el despojo y la inoperancia de los órganos de regulación estatal, la autodefensa social va cobrando forma e inevitablemente se extenderá por un largo periodo.

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