José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte
Lunes 11 de Agosto de 2014
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padillaalegre@hotmail.com

Los juicios de amparo

Por ser la autorización de extradición el último acto de autoridad del presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el que se podía combatir a través de un amparo indirecto (artículo 33 de la LEI), se interpuso ese recurso extraordinario, haciendo valer los siguientes argumentos.
Primero. Resulta inconstitucional y contradictorio el acuerdo que concede el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al gobierno de los Estados Unidos de América la extradición internacional del reclamado para ser procesado en el vecino país del norte, ya que el mismo se sustenta y apoya en una opinión jurídica emitida por el Poder Judicial, tolerando una injerencia en las actividades del Poder Ejecutivo, lo cual es violatorio de garantías individuales pues, por un lado, cuando se le pidió que analizara el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, alegó que se trataba de un procedimiento administrativo exclusivo del gobierno (Poder Ejecutivo ); sin embargo, dicho poder emite su acuerdo hasta en tanto recibe el expediente del Poder Judicial (Juzgado XI de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal). Lo anterior resulta inconstitucional porque vulnera el principio de división de poderes a que se refiere el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como consecuencia de lo anterior, las garantías de certeza y seguridad jurídica a que se refieren los numerales 14 y 16 de la invocada Carta Magna, ya que las leyes expedidas con anterioridad al hecho determinaron que se trataba de un procedimiento administrativo; en consecuencia, la participación del Poder Judicial da lugar a un híbrido que, cuando las circunstancias lo ameritan, defiende que se trata de un procedimiento administrativo, como efectivamente así lo es y lo reconozco, cuenta habida que el Poder Ejecutivo del gobierno norteamericano le solicita el envío para procesar al quejoso, y es su similar el que tiene que tomar la determinación, lo cual así hace, sólo que enturbia dicho trámite (procedimiento administrativo) al resolver, sólo y hasta en tanto reciba la opinión jurídica del Juzgado de Distrito (Poder Judicial), ya que con lo anterior se viola el contenido del artículo 16 constitucional, y por ende, de las garantías individuales del detenido, al participar el Poder Judicial con una opinión jurídica sin ser autoridad competente, por lo que quedaba en estado de indefensión el justiciable al no poder combatir dicha “opinión” ni con recursos ordinarios ni con ningún medio de impugnación ni siquiera extraordinario; pese a dicha participación del Tribunal Federal, es requisito sine qua non para la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que esa violación de procedimiento vulnera las garantías individuales del requerido, como ha quedado precisado y, por tanto, se le debía conceder el amparo de fondo ya que el procedimiento de extradición es inconstitucional por la tantas veces mencionada injerencia del poder judicial.
Segundo.- También resulta inconstitucional el acuerdo que concede el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al gobierno de los Estados Unidos de América, la extradición internacional del peticionario de garantías para ser procesado en el vecino país del norte; lo anterior resulta inconstitucional porque vulnera el principio de división de poderes a que se refiere el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez en este asunto se trata de penas y solamente el Poder Judicial federal tiene la competencia para determinar la misma, es decir que sea punible el acto por el cual se reclama la extradición, pero no corresponde al Ejecutivo federal autorizar las extradiciones porque se determina, se estudia penalidades o sanciones por conductas y las mismas están reservadas al Poder Judicial federal; luego entonces, es incorrecto que el Ejecutivo federal sea el que aprueba o no las extradiciones.
Tercero.- Igualmente resulta inconstitucional el acuerdo que concede el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al gobierno de los Estados Unidos de América, de la extradición internacional del impetrante para ser procesado en el vecino país del norte, ya que el mismo se sustenta en la documentación emitida por el Poder Judicial del sistema judicial norteamericano y de manera particular el relativo a la orden de arresto; misma que es violatoria del artículo 22 constitucional al tener señalado como fianza un millón de dólares, lo cual resulta altamente desproporcionado para el peticionario de amparo, en su condición de persona sin posibilidades ni haberes económicos, lo cual convierte al tratado celebrado por México con los Estados Unidos de América a que nos hemos venido refiriendo, como inconstitucional y violatorio de las garantías individuales del impetrante, ya que si en el vecino país del norte están autorizadas esas fianzas tan altas, en México la Carta Magna no las permite, por lo anterior debe concedérseme el amparo pues de permitir la extradición se estaría violando el artículo 3 del citado tratado, cuenta habida que este habla de pruebas suficientes y ese exceso en la fianza es contrario a las leyes de la parte requerida (México).
Juicio de derechos fundamentales que se resolvió sobreseyendo por lo que ve a algunas autoridades y negando por lo que ve a otras, esencialmente por que el procedimiento de extradición seguido en forma de juicio que culminó con la concesión de la extradición internacional solicitada por el gobierno de los Estados Unidos de América, se ajustó a los lineamientos procesales que establece la Ley de Extradición Internacional, de ahí que resulten infundados los argumentos que hace el quejoso, lo que permite afirmar que se cumplió con las formalidades del procedimiento que tutela el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
Con el resultado de la resolución anterior, cambio nuevamente la situación jurídica del requerido ya que al estar a punto de ser entregado a la nación requirente, se interpuso un nuevo amparo indirecto ahora en contra del tratado de extradición firmado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, porque se celebró en contra del artículo 15 constitucional en la parte que establece que no se autoriza la celebración de tratados en los que se alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo que sucede con el tratado que tiene firmado México con estados Unidos, al tener el país del norte pena de muerte, sanción penal que no contempla nuestra norma fundamental, amparo que fue desechado por considerar que sólo se estaba tratando de retardar la orden de entrega al personal de la Embajada requirente, acuerdo que se combatió pero que el personal del colegiado penal confirmó desechar la demanda.
Por lo que el 11 de marzo de 2011 viajó el requerido en calidad de extraditado a los Estados Unidos de América.

Epílogo

El instinto de supervivencia de un mexicano que delinquió en la Unión Americana hizo que huyera a México y con ello a partir de la extradición el gobierno gringo se vio obligado a hacer la manifestación de que no le aplicaría la pena de muerte, respetándole la vida, ya que en 2013, es decir dos años después de su retorno, lo sentenciaron a tres cadenas perpetuas, pese a que en el estado americano en el que cometió los delitos existe la pena de muerte.

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