José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte
Sábado 9 de Agosto de 2014
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padillaalegre@hotmail.com
De ahí que por el tratado de extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado por ambos países en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1978, el que entró en vigor el 25 de enero de 1980, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1980, el Estado requirente (Estados Unidos) por los conductos diplomáticos presentó la petición formal de extradición, a través de una nota diplomática por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, en representación de su gobierno ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el 1° de diciembre de 2009, acompañando a dicha requisitoria las pruebas que incriminan al requerido del delito grave (denuncia penal, orden de arresto, textos de los delitos imputados al reclamado y la pena aplicable, declaraciones juradas, fotografías, informes del médico forense, certificados de defunción, los datos y antecedentes personales del reclamado), además señaló que se le seguirá proceso por tres cargos de homicidio y la manifestación de seguridad de que no se le impondría una sentencia de muerte, y si llegará a suceder, ésta no se ejecutaría, Secretaría de Estado que la transmitió a la Procuraduría General de la República al día siguiente, la que 24 horas después remitió al juez de Distrito la solicitud formal de extradición internacional.
El Juzgado del Distrito Federal, también un día después, tuvo por presentada en tiempo y forma la petición formal de extradición en contra del requerido, ordenando en ese mismo acuerdo girar atento exhorto a un juez de Distrito en turno aquí, en el estado de Michoacán, por estar recluido el reclamado en un Cereso cercano a la capital del estado, para que le diera vista al reclamado con la solicitud de extradición presentada en su contra y sus anexos, tocándole conocer al Juzgado Tercero de Distrito del XI Circuito con sede en Morelia, mismo que celebró una audiencia con el propósito mencionado; es decir, enterar al detenido de la solicitud y hacerle saber que contaba con un plazo para hacer valer defensas y excepciones y otro plazo para probar su dicho.

La defensa legal

Como parte de la estrategia legal para lograr la permanencia del requerido, se hizo uso del plazo para oponerse a la extradición en la etapa judicial del procedimiento de extradición, haciendo valer que con las pruebas aportadas por el Estado requirente no se acreditaba el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del delito que se le imputa al connacional, que no se debía autorizar la extradición del justiciable porque el artículo 4° del Código Penal Federal señala que en los delitos cometidos por un mexicano en territorio extranjero, cuando se encuentre en nuestro país, serán penados en México, y que de acuerdo con el Código Penal del estado al que pertenece el condado donde se cometieron los hechos delictuosos, la pena máxima por homicidio es la muerte o cadena perpetua, las que se convierten en penas inusitadas y contrarias al artículo 22 de la Constitución mexicana; estas excepciones se hicieron valer pese a que el artículo 25 de la Ley de Extradición Internacional (LEI), sólo establece dos, a saber: no estar ajustada la petición de extradición a las prescripciones del tratado aplicable y la de ser distinta persona de aquella cuya extradición se pide, argumentado que este artículo no debía interpretarse de manera literal o meramente restrictiva, sólo ejemplificativamente, ya que a partir de la teoría general del proceso y concretamente del derecho a la defensa, pero sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa época había señalado en reiteradas jurisprudencias que durante el procedimiento de extradición el reclamado gozaba de las mismas garantías que tiene un acusado en un proceso penal, entre otras el derecho a la defensa, por tanto se alegó que el procedimiento de extradición no estaba apegado a derecho.
Sin embargo, el Juzgado de Distrito apercibió a la defensa para que se ajustara única y exclusivamente a las excepciones de la Ley de Extradición; de lo contrario, estaría el requerido perdiendo su derecho a inconformarse, por lo que tuvimos que acceder para señalar que la excepción que hacíamos valer era de la fracción I del artículo 25 de la ley invocada, es decir que la petición de extradición no estaba ajustada a derecho sin haber podido desahogar pruebas para probarla, toda vez que se nos negó el desahogo de careos, inspecciones, etcétera, por lo que el material probatorio se redujo a las instrumentales consistentes en las pruebas que se anexaron para la petición de la extradición.
En esta etapa del procedimiento de extradición, el Juzgado de Distrito emitió opinión jurídica ante la Cancillería, informando que resultaba procedente la extradición del ciudadano mexicano, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos de América al ajustarse a los artículos 1° al 8° y 10 del tratado de extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, dejando al reclamado a disposición del secretario de Relaciones Exteriores en el lugar donde se encontraba interno; Secretaría de Estado que con base en la opinión jurídica de referencia y analizando todo el caso con las facultades que le concede el artículo 119 de la norma fundamental, concedió al gobierno de los Estados Unidos de América la extradición solicitada, ordenando que se le notificara al detenido tal determinación y que una vez que quedara firme –ya que en contra del mismo se podía interponer el amparo indirecto – el acuerdo; girar la orden de entrega del reclamado al personal autorizado de los Estados Unidos de América por conducto de la Procuraduría General de la Republica, previo aviso a la Secretaría de Gobernación.

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