El trato diferenciado de la ley

Visor

Martes 29 de Julio de 2014

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La imagen del gobernador Fausto Vallejo Figueroa escoltado por camionetas de guaruras y militares circulando por la Avenida Madero fue un cambio al que se adecuó la sociedad moreliana y michoacana, cuando aún un par de sexenios atrás era posible ver a los gobernadores en la calle con una seguridad (porque seguramente la había) bastante discreta.
Ahora que ya sólo falta un video del gobernador en persona entrevistándose con el principal líder de la delincuencia organizada en Michoacán (seguramente porque no lo hay), vale la pena cuestionarse hasta qué punto servía esa seguridad o en realidad cuál era el temor. Aunque es obvio que quien trata con delincuentes no puede tener la certeza de su seguridad personal.
En el nuevo video, que hay que preguntarse quién decidió liberarlo y para obtener qué, Rodrigo Vallejo y su interlocutor disfrutan de una cerveza a la orilla de una transitada carretera, que seguro cualquier persona de ese rumbo reconocerá, y claro, cómo no habrían de estar en calma, están con el hijo del gobernador, tal vez él iba acompañado de su propia seguridad.
Todo parece indicar que quien ordenaba la grabación de los videos era El Profesor, así que también él debió decidir en qué momento darlos a conocer, más allá de las decisiones posteriores, el simple hecho de que hiciera al hijo del gobernador reunirse con él ante una cámara, por pequeña que fuera, da cuenta de quién llevaba la sartén por el mango.
En todos los casos se ha empezado como un rumor y acaba confirmándose al paso de semanas, lo que podría interpretarse como un proceso de chantaje previo o de negociaciones entre los que detentan el poder. El caso es que hace tiempo se conocía de la existencia de estos videos y varios funcionarios federales hicieron todo lo posible por negar los rumores.
Tal vez esta fue la última jugada para ya borrar del todo a Fausto Vallejo, pero en cualquier caso los problemas políticos merecen quedarse en su lugar y los legales solventarse por medio del derecho, claro que en este país, donde un pelotón es movilizado para aprender a comuneros defendiendo su tierra y los delincuentes merecen el mejor de los tratos, es difícil que eso se cumpla.
Pero si los que tienen nexos comprobados con los delincuentes, al grado de ir a rendir cuentas o abrir negociaciones con ellos, son tocados por la justicia con muchos trabajos, ¿qué se puede esperar de los funcionarios que los encubrieron?, ya sea por complicidad o por simple incompetencia; tal vez su ingenuidad es la que los escuda.
Mientras que el grueso de los pobladores de Michoacán se encuentran protegidos nada más por un padre-nuestro y un ave-maría delincuentes y poderosos se mueven en la total impunidad o al menos con la esperanza de recibir un trato no tan salvaje en caso de tener que enfrentarse con la justicia.
Una situación muy distinta se ha presentado en los casos de los autodefensas aprehendidos en la Costa michoacana, primero los nahuas, a quienes desde un primer momento el gobierno estatal y federal atacó con todo el peso de la ley, y luego a Juan Manuel Mireles y compañía, que sufrieron condiciones que bien pueden ser calificadas de tortura.

Sobre el autor

Francisco Javier Lemus Yáñez Es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Estudios Políticos y Sociales por esta misma universidad, y Licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 2010 inició sus labores como reportero de economía en Cambio de Michoacán, desde 2011 colabora con el segmento Visor en el cual trata temas de economía, política y sociedad. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.