José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte
Sábado 26 de Julio de 2014
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La difícil situación económica por la que atraviesan los pobladores del estado de Michoacán, derivada del desorden financiero de diez años de administración perredista y los que lleva el gobierno priista, ha obligado a muchos de sus habitantes a recurrir a los prestamistas para solventar sus obligaciones, empeorando con ello la situación económica en muchos de los casos, ante la imposibilidad de pagar el mutuo con interés, por los réditos tan altos, pese a algunos criterios nuevos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la usura.
El contrato de mutuo con interés, es un contrato por medio del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir una suma de dinero a otra persona llamada mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto en dinero agregando el interés convenido. Por lo tanto es un préstamo de dinero, que obliga entre otras cosas al mutuante a pagar el Impuesto Sobre la Renta y para él mutuatario el pago o devolución de la misma cantidad en moneda de curso legal más el importe de los intereses vencidos también en numerario. Treviño García (2008).
El Código Civil del Estado a propósito del contrato a que nos estamos refiriendo, permite estipular intereses (artículo 1554) y refiere que puede ser el legal -9 por ciento anual- o convencional -el que fijan los contratantes pudiendo ser mayor o menor que el legal, sin que llegue a la usura [el interés que excede del dos por ciento mensual] - (artículos 1555 y 1556) y que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.
A pesar de las disposiciones anteriores los prestamistas en Michoacán establecen, los más moderados, en el rubro de intereses el cinco por ciento mensual y de ahí en adelante en los pagarés [documento en el que alguien se compromete a pagar una suma económica en una fecha determinada. Este nombre se forma con la primera persona del singular del futuro de indicativo del verbo \'pagar\'. Se trata de un documento privado de crédito aunque puede ser utilizado como instrumento público siendo reconocida su validez y las firmas existentes].
Existen en el estado agiotistas que prestan dinero mediante la garantía de un pagaré, llegada la fecha de su vencimiento si no les es cubierto, demandan, embargan y registran el gravamen y esperan un poquito menos de diez años -lapso de tiempo en el que no requieren el cumplimiento al deudor para que los intereses sean de una cantidad tal que sea imposible al deudor rescatar el inmueble embargado- para iniciar procedimiento de ejecución logrando adjudicarse el bien inmueble embargado. Otra forma de “trabajar” de los agiotistas, es aquella en la que los usureros otorgan un préstamo en una fecha determinada, pero elaboran el pagaré con fecha de vencimiento al momento de entregar el dinero, demandando un mes después si no les es cubierto el título de crédito que se firmó para garantizar el adeudo, igualmente obteniendo sentencia que les permite adjudicarse los inmuebles embargados y una tercera forma de operar de estas personas es prestar sólo si el deudor admite elaborar un contrato hipotecario con lo que les permite garantizar su pago a través del gravamen a un inmueble, nótese que en las tres modalidades para garantizar su dinero, es sólo otorgarle préstamos a quien tiene un inmueble y por descontado está que el redito de los intereses es arriba del cinco por ciento señalado.
La Corte para frenar las conductas desproporcionadas de los prestamistas, al considerar que la usura es un fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, que se encuentra protegido en el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por tanto en el artículo 1° constitucional, resolvió en febrero de este año 2014 la contradicción de tesis número 530/2013, respecto de la diferencia que existía sobre el cobro de intereses en donde dos tribunales colegiados del Distrito Federal en asuntos diversos consideraron que los intereses debían de oficio, reducirse al interés legal que es del seis por ciento anual y un colegiado de Aguascalientes llegó a la conclusión de que para la reducción de intereses debería tomarse en cuenta una serie de circunstancias del negocio jurídico, por lo que la reducción de intereses no debe realizarse necesariamente al tipo legal, ya que los mismos deben ser directamente proporcionales al asunto que se ventila.
Estableciendo la primera sala del más alto tribunal, la jurisprudencia por contradicción de tesis en los siguientes términos: “Pagaré. Si el juzgador advierte que la tasa de intereses pactada con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la ley general de títulos y operaciones de crédito es notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla prudencialmente”. El párrafo segundo del citado precepto permite una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés -si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de convicción respectivos– los siguientes: a) el tipo de relación existente entre las partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto del crédito; e) el plazo del crédito; f) la existencia de garantías para el pago del crédito; g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la base de que tales circunstancias puede apreciarlas el juzgador (solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.
Confiemos en que nuestros juzgadores realicen su tarea de información respecto de los criterios nuevos de la Corte, para que resuelvan los asuntos que tiene en trámite de acuerdo con los parámetros anteriores y no sigan convalidando los atracos en materia mercantil por desconocimiento de la jurisprudencia en detrimento de los justiciables, pero sobre todo para que cuando menos en ese rubro el pueblo de Michoacán no se vea tan apremiado.

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