
Bajo el supuesto de ser una gran generadora de riqueza, actualmente la minería es considerada una actividad que debe privilegiarse en el país, pasando por encima de los derechos de cualquier otra empresa o grupo social. Con las actuales reformas en materia energética es muy probable que la historia empiece a repetirse ahora con los temas de gas y petróleo.
A través de la ley minera actual, México privilegia esta actividad económica sin importar los costos sociales o ambientales que pueda generar.
A la vez que la minería a cielo abierto es una de las actividades más contaminantes del mundo, los estragos sociales los podemos ver claramente en la Costa michoacana, no sólo se ha dividido a comunidades, ahora incluso se sabe que hay asociación entre empresas extranjeras y delincuentes para la extracción de minerales.
Pero hay mineras que no les basta con gozar de los privilegios que ya el país les da, se abrogan otros tantos sin importarles estar por encima del gobierno, tal es el caso de la Minera San Xavier, que actuó en total desacato de la ley y siguió operando a pesar de que el gobierno la sentenció a cerrar operaciones en el Cerro San Pedro, de San Luis Potosí, en 2009.
Un ejemplo paradigmático de la resistencia contra las mineras está en Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez de Oaxaca, ahí la comunidad, que lleva años haciendo un aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales, se ha negado a permitir que una mina reabra operaciones en la zona, pues eso implicaría la destrucción de su bosque y reservas de agua.
A pesar de que Capulálpam, es un caso similar al de San Juan Nuevo, en Michoacán, es considerado un ejemplo de aprovechamiento forestal a nivel mundial, el gobierno mantiene el privilegio sobre la minería y desde el sexenio de Felipe Calderón ha tratado por todos los cauces de reabrir las operaciones de la minera, esta vez a cielo abierto.
Hoy con la reformas secundarias en materia energética es previsible que la explotación del petróleo y gas vayan a seguir esquemas parecidos, donde los recursos naturales y la vida de las comunidades y poblados quede supeditada a la generación de otros recursos económicos, de los cuales además muy pocos quedarán para la nación y la mayoría estarán en manos de empresas multinacionales.
La ironía se vuelve cruel cuando se asegura que estas nuevas (contra) reformas son el progreso del país y aquellos que se oponen van en contra del avance, ya que el verdadero retroceso está en entregar las riquezas nacionales a unas cuantas empresas extranjeras que, además de causar daños ambientales, sólo darán empleos menores a los mexicanos.
El esquema de ofrecer los recursos naturales a la colonización extranjera a cambio de pocos impuestos y algunos empleos, que en casos extremos llegaron a parecerse mucho al esclavismo, ya fue utilizado en buena parte del siglo XIX y desembocó en un conflicto armado en donde incluso facciones menos progresistas tenían clara la necesidad de impulsar el desarrollo nacional internamente.
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