José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE
Sábado 21 de Junio de 2014
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Técnicamente un juicio de amparo indirecto, a partir de que se presenta la demanda, debe resolverse en 31 días, según se desprende de la Ley de Amparo en los artículos 112 [en las 24 horas siguientes a la presentación de su demanda, el Juzgado de Distrito, deberá resolver si desecha, previene o admite], cuando se admita a trámite, el auto que así lo determina debe señalar la fecha para la audiencia del juicio, que es donde se resuelve el asunto, artículo 115 [la audiencia constitucional, debe celebrarse dentro de los 30 días siguientes, al auto de admisión de la demanda]; excepción hecha, cuando el acto reclamado sea la aplicación de una norma general, que ya hubiese sido declarada inconstitucional por la Corte a través de la jurisprudencia en cuyo caso el plazo para resolver el amparo es de catorce días (artículos 112 y 118).
Ante estos dos supuestos la resolución del amparo número 419/2014 que promueve el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) en el Juzgado 7° de Distrito en el Estado, en contra de la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, que declaró inexistente la huelga de los trabajadores del Poder Ejecutivo al servicio del estado, la que estallaron ante la negativa de incremento salarial; al haberse celebrado la audiencia constitucional el lunes 16 de junio del presente año a las 11:50 horas por lo que quedó integrado -en el expediente se encuentra el informe justificado de la autoridad responsable, no hay pruebas pendientes por desahogar y los alegatos del quejoso, también están agregados -, como se dice en el argot de la postulancia de amparo; es decir, en condiciones de resolver el fondo del asunto, situación que podrá ocurrir de un momento a otro, si se respetan los plazos de la Ley de Amparo para terminar con la incertidumbre de aproximadamente siete mil agremiados del sindicato.
La primera hipótesis al resolver el Juzgado 7° de Distrito, puede ser negando el amparo por considerar que los argumentos del Tribunal Burocrático para declarar la inexistencia de la huelga, se encuentran ajustados a derecho; es decir que por participar en el movimiento huelguístico integrantes del sindicato que laboran para organismo públicos descentralizados mismos que suspendieron labores en sus centros de trabajo, sin pertenecer a la administración pública central, aunado a que algunos centros de trabajo que sí pertenecen al Ejecutivo, no suspendieron labores a la hora anunciada para el estallido de la huelga.
La segunda forma de resolver es concediendo el amparo, para el efecto de que se califique por parte del Tribunal Estatal de legal la huelga y se ordene la colocación de las banderas rojinegras y la suspensión de labores por parte de los empleados pertenecientes al sindicato; toda vez que los motivos por los que declaró inexistente la huelga, no están considerados en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; dejando a salvo los derechos del Poder Ejecutivo para impugnar nuevamente la legalidad de la huelga, si así lo consideran necesario.
Y un tercer escenario sería conceder el amparo de fondo, para el efecto de que la autoridad burocrática del trabajo declare legal la huelga, porque es un derecho humano, se encuentra regulada en la Constitución (artículo 123 apartado B fracción X) y también lo protegen los tratados internacionales como lo es el 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el que se refiere al libre ejercicio del derecho de sindicación fundamentalmente frente al Estado, mismo que contempla el derecho de negociación y el ejercicio del derecho de huelga, el 98 consagra el derecho a la negociación colectiva, el 151 trata sobre la protección del derecho del personal de la administración pública a organizarse y establecer procedimientos para determinar las condiciones de empleo de la administración pública, la solución de conflictos y los derechos civiles y políticos, por tanto la solución de los conflictos requiere de negociaciones entre las partes a través de mecanismos entre otros el de conciliación a condición de que éste inspire confianza a las partes.
Cabe hacer la aclaración que si bien es cierto nuestro país no ha ratificado los dos últimos ordenamientos, los mismos podrían aplicarse en la resolución de amparo, lo anterior es así a partir de la progresividad de los derechos humanos a que obliga el artículo 1° Constitucional y el 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde el 10 de junio del año 2011 a todas las autoridades entre ellas al Juzgado de Distrito que va a resolver el juicio de derechos fundamentales, aunado a que el instrumento interamericano citado en su artículo 29.b. prohíbe a los estados partes, entre ellos México, limitar derechos o libertades que pudieran estar contemplados en sus leyes en este caso el derecho de huelga está considerada en la Carta Magna, la que encuentra su referente más importante en el Convenio 87, el que sí está signado por México.
Otro lineamiento en la concesión del amparo sería para el efecto de que el tribunal burocrático al resolver con libertad de jurisdicción la calificación de la huelga, desestime el incidente por lo que ve a los titulares de los organismos públicos descentralizados, toda vez que la competencia para tratar los asuntos de aquellas unidades administrativas por determinación reiterada de la Corte lo es la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que se debe declarar incompetente y en todo caso dejar a salvo los derechos para que los hagan valer en la instancia correspondiente, por lo que debe al cumplir el amparo dejar de conocer sobre incidente de los organismos que lo hubieren hecho valer.
Un lineamiento más, para que se cumpla por el Tribunal Estatal, una vez que se otorgue el amparo, es dejar sin efecto todo lo actuado hasta el emplazamiento a huelga, por haberse integrado el órgano colegiado del trabajo burocrático, con un presidente, bajo sospecha de imparcialidad, según se puede leer en una lona que se encuentra precisamente por fuera de las oficinas en las que funciona el Tribunal Burocrático, la que informa sobre el poder con el que gestiono la Consejería Jurídica la contestación al emplazamiento a nombre del poder ejecutivo, mandato en el que se encuentra incluido el actual presidente como una de las personas a las que les concede poder el secretario general de Gobierno para que atiendan los asuntos del Ejecutivo y por ende el del emplazamiento a huelga del STASPE, conflicto de intereses que habrá de purgarse al integrarse el tribunal para resolver ese asunto en particular con el presidente suplente, ya que cuando menos sobre quien ejerce la condición de árbitro presidente que no magistrado -este cargo no está contemplado en la ley burocrática, aunque si lo señala el reglamento del tribunal en cuatro artículos, pero que al ser la ley burocrática una norma general, no puede tener el reglamento mayor jerarquía, por lo que debería abandonar esa mala práctica heredada del anterior presidente, para evitar juicios de amparo en cascada por la indebida conformación del tribunal -para este asunto carece de imparcialidad; no hacerlo así violaría el artículo 25.1. de la invocada Convención Americana, ya que se violaría la igualdad ante la ley, al continuar como juez y parte el árbitro presidente.
Esperemos la resolución, su sentido y efectos.

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