José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
Los derechos humanos a tres años de su implementación
Viernes 13 de Junio de 2014
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El 10 de junio del año 2011 dos mil once, entró en vigor en nuestro país, una reforma constitucional en materia de derechos humanos, estableciendo en el artículo 1° Constitucional el reconocimiento de los derechos humanos que contempla la propia Constitución y los que se contienen en los Tratados Internacionales, donde México es parte; de ahí que se deja de hablar de garantías individuales, para ahora referirnos a los derechos humanos.
Es decir que a partir de esa fecha al quedar reconocidos los derechos humanos como tales en la Constitución son de observancia obligatoria para todas las autoridades, las que deben promover, respetar, proteger y garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cuyo ejercicio sólo podrá restringirse o suspenderse en los casos y condiciones que la misma Constitución establece.
Esta reforma de derecho natural significa que ahora con el reconocimiento a los derechos fundamentales en la Constitución y en los tratados internacionales, el catálogo de derechos puede ser infinito, lo anterior encuentra apoyo en el artículo 29. b. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que señala que los estados partes al interpretar las normas de la Convención, no pueden limitar los derechos y libertades que pudieran estar reconocidas, en el ordenamiento en cita, de ahí que todas las autoridades al interpretar la Constitución y los tratados, deben interpretar la Carta Magna y todos los tratados que contengan derechos humanos firmados por México, en forma tal que se logre la protección más amplia de los derechos fundamentales, abandonando con ello la idea de que sólo se atendían las garantías a que se referían los primeros 29 artículos constitucionales y a la garantía social del artículo 123; es decir que sólo aplicaban los derechos individuales creados por la norma constitucional, esto era así ya que el positivismo jurídico, sólo obliga a observar lo que es creado por el derecho; a diferencia de ahora que contenido del artículo 1° de la norma fundamental, obliga a la interpretación de oficio (ex oficio, inmediatamente es decir sin solicitud del justiciable se debe confrontar el derecho internacional con el derecho patrio para aplicar al caso concreto, el que mayor beneficio proporcione) y pro persona (pro homine, interpretando los derechos humanos de manera tal que beneficien en la forma más amplia posible al justiciable, asegurándole con ello el acceso a la jurisdicción).
Por lo anterior, los derechos humanos como se encuentran plasmados en la Carta Magna, tiene cuando menos dos mecanismos para que sean respetados, el primero es a través del Organismo Público Autónomo llamado Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su similar en los estados llamadas Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por medio de las Comisiones de Derechos Humanos, las que se encargan de recibir las quejas por violación u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad o servidor público de derechos humanos, de tal suerte que cualquier afectación a la dignidad humana por parte de los gobernantes hacia los gobernados, es susceptible de presentar la queja correspondiente (artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), una vez que se hace la investigación respecto de la queja, si se llega a la convicción por parte de la comisión, de que efectivamente se trata de una violación a derechos fundamentales, ésta emite una recomendación, que es como se le llama al acto más importante de la comisión, toda vez que se trata del pronunciamiento del Organismo Autónomo, respecto de la afectación de los derechos humanos, y que consiste en una llamada de atención a la autoridad, para que deje de violar los derechos humanos del gobernado, la cual muchas de las veces contiene actos de desagravio para los particulares.
La recomendación puede no acatarse por la autoridad, sin embargo la negatividad tiene que estar fundada y motivada es decir la autoridad debe dar las razones para explicar por qué no va a cumplir la recomendación, pero esas razones deben publicarse e incluso eventualmente el Congreso puede llamarle a que explique ante los diputados por qué no va a cumplir la recomendación, estas dos últimas cuestiones constituyen el avance más significativo de la reforma que estamos comentando; lo anterior quiere decir que antes no cumplir con las recomendaciones no tenía ningún reproche legal; por lo que resulta loable que ahora la autoridad que no quiera cumplir con la recomendación explique por escrito fundada y motivadamente al organismo, por tanto de manera pública debe hacer del conocimiento porque no va a cumplir pudiendo ser citado ante los representante populares para que explique su negativa.
La segunda forma de protección a los derechos fundamentales en la Constitución, es a través del Poder Judicial, es decir por medio del amparo, resolución de la autoridad jurisdiccional que sí es vinculante, es decir que obligadamente se debe cumplir con la sentencia que condena a respetar los derechos humanos protegidos en la sentencia; se trata entonces de una manera obligada para la autoridad de respetar el derecho fundamental que protegen las sentencias y de estas la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la décima época en la que nos encontramos a dado muchos ejemplos, solo basta señalar las siguientes ejecutorias que han servido de parámetro para las autoridades, misma que inclusive dieron origen a las Jurisprudencias de los siguientes rubros:
“Derecho fundamental a la salud. Impone deberes tanto a los poderes públicos como a los particulares que se dedican al ámbito de la salud”. Establece la obligación para los hospitales privados de proporcionar atención médica para estabilizar al paciente y enviarlo a un hospital público; es decir que la medicina privada no debe rechazar la atención a un paciente por falta de recursos económicos.
“Derecho de los niños y adolescentes a una educación libre de violencia en el centro escolar”. El contenido de la ejecutoria señala que las escuelas deben estar exentas de bullying.
“Medio ambiente. Al ser un derecho fundamental está protegido en el ámbito internacional, nacional y estatal, por lo que las autoridades deben sancionar cualquier infracción, conducta u omisión en su contra”. El interés por preservar el medio ambiente, justifica la existencia de disposiciones internacionales, nacionales y estatales, con tal de tener un entorno que beneficie a la especie humana.
Por lo anterior ha resultado más efectivo el poder judicial federal para obligar a la autoridad a respetar los derechos humanos, ya que a través de los procedimientos de amparo, por la coercitividad de las sentencias, aunado a que se pueden intentar el respeto a una gran cantidad de derechos humanos que se desprenden de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, signados por México, a condición de que los derechos humanos sean transgredidos por alguna autoridad.

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